LOBO IBERICO

La Junta de Castilla y León estudia acciones judiciales para obligar al Gobierno de España a convocar una Conferencia Sectorial de Medio Ambiente y aprobar el informe sexenal sobre el estado de conservación del lobo, con el objetivo de remitirlo a la Unión Europea. El Ejecutivo autonómico sostiene que el informe debe concluir una situación favorable y considera que ese paso permitiría flexibilizar la gestión de la especie.

La organización expone a Ángel Gabilondo su preocupación tras la reactivación de la caza deportiva del lobo al norte y sur del Duero y aporta datos de población y evidencias científicas que, a su juicio, no avalan el cambio normativo.

El trabajo ha sido publicado en la prestigiosa revista Mammal Review, cuyo coautor es el investigador de Zoología de la ULE Héctor Ruiz-Villar.

El recurso del alto comisionado de las Cortes, admitido a trámite por el TC en julio cuestiona el procedimiento de tramitación e inclusión de las disposiciones que “desprotegen al lobo ibérico”.

El Defensor del Pueblo ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la exclusión del lobo ibérico del Listado de Especies en Régimen de Protección Especial, decisión adoptada por el Congreso de los Diputados en 2024. Considera que el Parlamento actuó fuera de sus competencias.

La organización exige la “protección estricta de la especie, que se deje de matar lobos y una apuesta real por su conservación”.

El último censo refleja que España cuenta con 333 manadas, un 12% más que en 2019, con 193 en Castilla y León, donde crecen un 8%.

En Valladolid la protesta está prevista para el domingo, día 6, a las puertas del Servicio Territorial de Medio Ambiente.

El Partido Animalista denuncia el intento de “derogar su protección sin base científica” y advierte del “fraude en las ayudas públicas que reciben los ganaderos”.

La iniciativa del PP contó con el voto favorable de PNV y Junts.

Sus comportamientos son únicos al recorrer distancias más cortas, según un estudio.

La Comisión Europea anuncia la propuesta el mismo día que el Convenio de Berna modifica el estatus de protección del carnívoro.

Este cambio entrará en vigor en marzo de 2025

Víctor de Adrados, ha sufrido la pérdida de muchas cabezas de ganado debido a los ataques reincidentes de estos depredadores sobre los que ha observado el crecimiento de las manadas que actúan reiteradamente sobre sus animales que además, se encuentran en plena cría.

El portavoz de Medio Ambiente del Grupo Parlamentario Socialista, José Luis Vázquez, ha tachado este lunes a la Junta de Castilla y León de "perjudicial para los intereses" de la Comunidad Autónoma y ha zanjado que la Administración autonómica es "absolutamente incompetente" para la gestión del lobo.

Con los datos de los que dispone ASAJA, proporcionados por la consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, en la provincia de León prácticamente se ha duplicado el número de ataques del lobo a la ganadería, pasando de 177 en el año 2019 a 331 en el año 2023. Este incremento, del 87% es muy superior al que se ha producido en el conjunto de Castilla y León, donde los ataques han aumentado el 40,5% al pasar de 2.532 a 3.558 en el mismo periodo de tiempo.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha urgido al Gobierno a que devuelva a las comunidades autónomas la gestión del lobo al norte del Duero ante los "daños injustos e injustificados" a la ganadería.

La Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel) ha calificado de "indecente" la colocación de un cepo por parte de la Junta por el "riesgo" que supone "para personas y demás fauna doméstica y salvaje", y por "incumplir alegremente una Ley Orgánica" cuando una Administración debe "dar ejemplo y atender escrupulosamente la legislación vigente".