Respecto al número de cabezas siniestradas, en el año 2019 fueron 264, alcanzando las 463 en 2023, por lo tanto con un incremento del 75,4%. En proporción a los censos, la especie más atacada es el equino, quizás, en opinión de ASAJA, a que es la que más tiempo está en el campo y por defenderse peor que el ganado vacuno al no disponer de cornamenta.
Los datos corroboran las denuncias de ASAJA y del sector en general en el sentido de que los censos de lobos se han incrementado en los últimos años como consecuencia de una mayor protección al dejar de ser especie regulada y no haber sobre ellos un control poblacional. Para ASAJA, si la administración del Estado, que es en cuyas manos está, no permite un control de esta especie, a corto plazo se va a poner en serio peligro la actividad ganadera en amplias zonas del territorio, ya que además este cánido se ha extendido por toda la provincia.
Pagar los daños no es la solución
ASAJA recuerda que desde la publicación de la Orden MAV/475/2023, hace pronto un año, y en la que ASAJA participó en su elaboración, se compensa en toda la provincia los daños del lobo en las especies ganaderas, incluyendo los daños emergentes, el lucro cesante, los gastos veterinarios si los hubiera, y la bonificación por adoptar medidas preventivas. No obstante, ASAJA afirma que la indemnización por sí sola no es suficiente, por lo que sigue reclamando el control efectivo de la especie. Además en muchos siniestros se deja de cobrar la indemnización por falta de pruebas, y no hay un compromiso de fecha de pago, acumulándose grandes demoras.
