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La remisión de este informe sexenal a la comisaria Jessika Roswall pretende garantizar que las administraciones autonómicas recuperen la capacidad de gestionar la especie en sus territorios. Los gobiernos regionales denuncian que el Ejecutivo central ha bloqueado deliberadamente el envío de estos datos, que debían haberse comunicado antes del 31 de julio de 2025 en cumplimiento de la Directiva Hábitats. El documento enviado cuenta con la certificación del Comité de Flora y Fauna Silvestres, un órgano colegiado del que forma parte el propio Gobierno de España.
El conflicto radica en la aplicación de la Ley 1/2025, que sacó al lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE). Sin embargo, la efectividad de esta norma nacional depende de que el estado de conservación de la especie sea calificado como "favorable". Sin los informes oficiales que el Estado ha omitido enviar, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea impide realizar controles poblacionales o extracciones de ejemplares, incluso en zonas con graves daños a la ganadería.
Las comunidades firmantes sostienen que el Gobierno ha desconvocado de forma injustificada las reuniones de la Conferencia Sectorial donde debía aprobarse el envío de estos datos. Esta parálisis administrativa ha motivado que la Comisión Europea inicie en enero de 2026 un expediente de infracción contra el Reino de España. Aunque el Ejecutivo central alegó la existencia de una prórroga para la entrega de la documentación, la apertura de dicho expediente confirma la inexistencia de tal aplazamiento.
La situación actual genera un perjuicio directo a las explotaciones ganaderas del medio rural, que ven limitada su capacidad de respuesta ante los ataques. Al remitir directamente el informe técnico-científico aprobado por la Comisión Nacional de Patrimonio Natural, las autonomías buscan que Bruselas valore la realidad del estado de la especie y permita una gestión equilibrada. Esta acción cuenta además con el apoyo explícito de otras regiones como Andalucía, Extremadura, Baleares y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, conformando un frente común frente a la política de protección estricta mantenida por el Ministerio para la Transición Ecológica.
