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El Partido Animalista PACMA remitió una serie de aportaciones técnicas al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico con motivo del Informe Sexenal 2019-2024 sobre el lobo ibérico. El documento advierte de que la situación de este cánido en España experimentó un agravamiento tras las recientes modificaciones normativas que retiraron su blindaje judicial y facilitaron la reactivación de las autorizaciones administrativas para su caza.
Los indicadores oficiales del estado de conservación de la especie reflejan una calificación de "Desfavorable-Inadecuado (U1)" de forma homogénea en las regiones biogeográficas Mediterránea, Atlántica y Alpina, una realidad extensiva para el conjunto del territorio nacional. La formación política denuncia que las reformas legales impulsadas en 2025 para excluir al lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) colisionan con las directrices de la normativa europea y los criterios de la comunidad científica.
Las alegaciones formales cuestionan la efectividad del control letal como vía para mitigar los ataques a las explotaciones ganaderas. Los balances históricos de comunidades autónomas como Castilla y León y Cantabria reflejan que el abatimiento sistemático de ejemplares durante ejercicios anteriores coincidió con un incremento paralelo en el número de incidentes registrados, cabezas de ganado afectadas e indemnizaciones económicas tramitadas. Por el contrario, los territorios periféricos que descartaron las batidas autorizadas experimentaron un descenso medible en los perjuicios a las cabañas locales.
El texto técnico destaca la función del lobo dentro de los ecosistemas de la península como elemento regulador de las poblaciones de ungulados silvestres. Esta labor de control biológico natural incide de manera directa en la disminución de los daños sufridos en cultivos agrícolas y explotaciones forestales, reduce la tasa de accidentes de tráfico por atropello de fauna y frena la cadena de transmisión de enfermedades veterinarias críticas como la tuberculosis bovina o la peste porcina africana.
La propuesta trasladada a la administración estatal exige la recuperación inmediata del estatus de protección absoluta en todo el país. La estrategia de gestión alternativa planteada contempla el desarrollo de campañas institucionales de sensibilización ciudadana destinadas a visibilizar los beneficios ecológicos del depredador, así como la implantación de líneas de financiación estables para subvencionar vallados perimetrales, perros de guarda y pastoreo guiado en las zonas de convivencia directa con la ganadería extensiva.
