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El documento de alegaciones detalla que los datos aportados por Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León carecen de una justificación técnica suficiente. Los expedientes de estas administraciones regionales contienen errores, problemas metodológicos e incoherencias que dificultan su validación ante la Comisión Europea. El colectivo señala que se intenta alterar la información científica disponible para construir un escenario que facilite futuras políticas de control letal y desprotección jurídica del gran carnívoro.
Las objeciones de la organización conservacionista inciden en la minimización sistemática de riesgos estructurales para la fauna. Entre estos factores destacan el furtivismo, la caza ilegal, los incendios forestales, la fragmentación de los hábitats y la pérdida de conectividad genética. De igual modo, las administraciones mencionadas omitieron de manera sistemática los datos de mortalidad correspondientes a 77 ejemplares que murieron por extracciones letales tras la inclusión de la especie en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.
La situación del lobo en España muestra indicadores desfavorables, reflejados en la total desaparición de la población histórica de Sierra Morena, la elevada mortalidad causada por el ser humano y la nula recolonización de territorios adecuados. Las alegaciones exigen la actualización urgente de los censos poblacionales tras los grandes incendios forestales registrados en el noroeste ibérico, unos fuegos de gran intensidad que redujeron las presas, eliminaron refugios y destruyeron centenares de cuadrículas de presencia de la especie.
La presión política ejercida por determinados gobiernos autonómicos para rebajar los niveles de protección legal ya cuenta con implicaciones jurídicas activas. Las modificaciones normativas previas que facilitaron la salida de las poblaciones del norte del Duero del listado estatal de protección especial se encuentran recurridas ante el Tribunal Constitucional por iniciativa del Defensor del Pueblo.
Los criterios de la normativa europea exigen que la evaluación técnica analice la expansión territorial, la viabilidad biológica a largo plazo y las amenazas futuras, superando el simple recuento numérico de manadas. Los informes técnicos destinados a la Comisión Europea tienen una función estrictamente científica y la Ley 40/2015 impide que las decisiones de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente condicionen o desvirtúen la información objetiva que el Estado debe remitir de manera obligatoria a los organismos comunitarios. Por todo ello, el colectivo ecologista reclama que el informe definitivo mantenga la calificación oficial del lobo ibérico en un estado de conservación desfavorable.
