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El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, defendió que la falta de remisión del documento durante 2025 ha paralizado la posibilidad de aplicar medidas de control en las zonas con mayor conflictividad. En su argumentación, vinculó la necesidad de gestión a los ataques a la ganadería y aportó cifras del primer semestre de 2025: 1.991 ataques, con el 73 por ciento sobre vacuno, y 2.628 cabezas muertas. También señaló que 2024 cerró con alrededor de 6.000 muertes en la ganadería de la Comunidad.
La Junta enmarca el conflicto en el mecanismo de reporte que obliga a los estados a informar cada seis años sobre el estado de conservación de especies. Suárez-Quiñones recordó que el informe remitido en 2018 calificó al lobo en situación desfavorable y que, con ese criterio, se limita la posibilidad de adoptar medidas de control. A su juicio, el panorama actual es distinto y citó el censo publicado en 2024, con un incremento de 279 a 333 manadas y una ampliación del área de distribución.
El consejero aseguró que la Comunidad había preparado un documento con conclusión favorable y que el Ministerio llegó a convocar la conferencia sectorial necesaria para su aprobación, aunque posteriormente fue desconvocada. El responsable autonómico atribuyó esa decisión a discrepancias políticas sobre la gestión del lobo y afirmó que el Gobierno evita un informe que abriría la puerta a una gestión más amplia, también al sur del Duero.
En paralelo, reprochó al Ejecutivo central el cumplimiento parcial de las ayudas comprometidas para compensaciones y medidas preventivas, cifradas en 20 millones de euros, al indicar que solo se han distribuido una vez en los últimos cuatro años. La Junta mantiene que seguirá buscando vías para que el informe sea aprobado y enviado a Bruselas dentro del marco legal vigente.
