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El documento contempla compensaciones directas de 500 euros para las familias desalojadas de sus municipios que hayan tenido que trasladarse a albergues. Esta ayuda exigirá como requisito obligatorio el empadronamiento en las localidades evacuadas, condicionante que excluye a los residentes en segundas viviendas. Hasta el momento se contabilizan 46 poblaciones desalojadas en las provincias de Ávila, León y Segovia, junto a otros once municipios que sufrieron daños directos sin llegar a evacuarse.
En el ámbito habitacional, la norma amplía el soporte de emergencia para financiar el alojamiento temporal mientras se reparan las viviendas dañadas. Además, las ayudas a la reconstrucción alcanzan hasta 185.000 euros por inmueble afectado, 18.000 euros para enseres y hasta 40.000 euros para construcciones anejas y próximas que resultaran dañadas por las llamas.
Para el tejido empresarial y los trabajadores autónomos se fijan subvenciones de 5.500 euros, acompañadas de una línea de préstamos avalados para retomar la actividad económica. En el caso de proyectos de creación de empresas en los municipios castigados por el fuego, la ayuda máxima disponible alcanzará el 75 por ciento del coste subvencionable.
El sector primario dispondrá de aportaciones de 5.500 euros para mantener la viabilidad de las explotaciones ganaderas y agrícolas, además de coberturas por pérdida de cabezas de ganado, reconstrucción de cercados, naves y caminos. El plan incluye igualmente el suministro de alimento para los animales, que ya ha supuesto el reparto de miles de kilos de forraje y paja en Ávila y Segovia. Asimismo, los cotos con más del 50 por ciento de su superficie quemada recibirán exenciones en las tasas de matrícula para la temporada 2026-2027.
Las inversiones públicas abarcan la reparación de infraestructuras del ciclo del agua, captaciones y bombas de sondeo, junto a la restitución de señalización vial, paradas de autobús, centros emisores de TDT y el arreglo de carreteras. Los ayuntamientos y diputaciones recibirán fondos para financiar albergues, contratar personal y reparar instalaciones municipales. En el ámbito medioambiental se ordenará la tala urgente de madera, la restauración forestal y la elaboración de un plan de revitalización económica para las zonas del Valle del Alto Tiétar y Alberche-Pinares.
