Ecologistas en Acción reclama datos a la Junta sobre el incidente con un oso en Cervera de Pisuerga

La petición de la organización ecologista surge tras hacerse pública la denuncia de una ganadera de esta pedanía de Cervera de Pisuerga, respaldada por la organización agraria UPA, en la que asegura que el plantígrado accede de forma recurrente a sus instalaciones desde hace aproximadamente dos años. Aunque la entidad ambientalista no cuestiona la necesidad de compensar posibles perjuicios ni de buscar fórmulas de convivencia, exige abordar la situación con rigor y transparencia. Para ello, ha requerido a la administración autonómica que aclare si la explotación cuenta con financiación pública, si ejecuta las medidas de prevención exigidas por el Tribunal Supremo y cuál es el importe económico de estas actuaciones y de las compensaciones pagadas.

La solicitud de información se extiende también al régimen de adjudicación y uso de las más de 1.400 hectáreas de montes de utilidad pública pertenecientes a la localidad palentina. La agrupación pide conocer las condiciones de acceso y aprovechamiento de estos terrenos comunales, cuya gestión debe asegurar el interés general y la preservación ambiental. En este punto, reclama mayores controles administrativos cuando la misma persona que ejerce la actividad ganadera ocupa también la alcaldía de la entidad local encargada de repartir los pastos, circunstancia que concurre en la titular de la explotación al presidir la Junta Vecinal de San Martín de los Herreros.

Con estos datos sobre la mesa, la entidad busca esclarecer si detrás de las quejas existe un trasfondo ajeno a los daños reales sobre el ganado. La organización plantea que la denuncia podría responder a un discurso político contrario a la protección de la fauna silvestre y apela a la responsabilidad de los representantes institucionales y de las organizaciones profesionales agrarias para evitar el uso partidista de la coexistencia entre la ganadería y las especies protegidas en la Montaña Palentina, defendiendo la correcta fiscalización de los fondos públicos destinados a la conservación.

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