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La gestión de las poblaciones de lobo ibérico (Canis lupus) afronta un escenario de incertidumbre técnica y administrativa debido al retraso en la actualización del censo nacional. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico no ha trasladado a las instituciones europeas los datos recientes sobre el estado de conservación de la especie, a pesar de que el informe técnico correspondiente fue aprobado en junio de 2025. Esta carencia de información científica verificada condiciona la evaluación real de la especie y la toma de decisiones sobre su control en el territorio nacional.
En Castilla y León, la estadística oficial de evolución 2019-2024 refleja una tendencia ascendente en la siniestralidad. Durante el año 2024 se contabilizaron 3.979 ataques que resultaron en la muerte de 5.985 cabezas de ganado, lo que consolida un incremento respecto a ejercicios anteriores. La situación es similar en otras comunidades del norte peninsular, como Asturias, donde los daños han crecido un 20% desde 2021, alcanzando la cifra de 3.257 animales muertos el pasado año, el dato más elevado registrado en la región desde 2017.
Desde la modificación del estatus de protección del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) en el año 2021, los ataques al ganado en las zonas afectadas han aumentado un 47%, mientras que la cifra total de animales muertos se ha elevado en un 39%. Este incremento de la presión depredadora impacta de manera directa en las explotaciones ganaderas extensivas, situadas mayoritariamente en áreas rurales con una alta vulnerabilidad económica.
La falta de transparencia en la remisión de datos oficiales a la Comisión Europea genera inseguridad jurídica y dificulta el cumplimiento efectivo de la Directiva Hábitats. El sector ganadero sostiene que no se pueden imponer nuevas restricciones o sacrificios a la actividad productiva sin una base científica sólida que garantice el equilibrio entre la conservación de la biodiversidad y la viabilidad de las explotaciones rurales.
La comparecencia de los responsables de Medio Ambiente de la Comisión Europea en el Congreso de los Diputados será determinante para aclarar la posición comunitaria ante el incumplimiento administrativo del Gobierno español. Las organizaciones profesionales insisten en que cualquier política ambiental debe basarse en evaluaciones rigurosas y en el estricto cumplimiento de las obligaciones de información que establece el marco normativo europeo para evitar decisiones desproporcionadas.
