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El gasto público destinado al alquiler de oficinas administrativas por parte de la Administración General del Estado y la Junta de Castilla y León supera los 250.000 euros anuales en la ciudad de León. Estos desembolsos afectan a servicios fundamentales como centros de salud, oficinas de empleo y sedes jurídicas, a pesar de que la ciudad cuenta con patrimonio público que podría rehabilitarse para albergar estas mismas dependencias.
Dentro de la Administración General del Estado, el coste por arrendamientos presenta cifras significativas. La sede de MUFACE, situada en la calle Santa Clara, supone un abono anual de 28.034,95 euros. A esta se suma la Unidad de Carreteras en la calle Legio VII, con un coste de 48.950 euros, y el Servicio Jurídico del Estado en la Gran Vía de San Marcos, por el que se pagan 13.553,34 euros cada año.
Por su parte, la Junta de Castilla y León mantiene contratos de cuantía superior para el funcionamiento de sus servicios en la capital. La Dirección Provincial del ECYL en la avenida Reyes Leoneses conlleva un gasto anual de 72.804,84 euros, mientras que la oficina del mismo servicio en la calle Ciudad de la Puebla asciende a 54.948,54 euros. Asimismo, el Centro de Salud del Crucero funciona en un local arrendado por 32.798,64 euros anuales.
Muchos de estos contratos de alquiler se mantienen en vigor desde hace décadas, lo que cuestiona la planificación a largo plazo de los recursos públicos. A la falta de eficiencia económica se suma que algunos de estos locales no garantizan plenamente las condiciones de accesibilidad universal para personas con discapacidad, incumpliendo principios básicos de igualdad en la prestación del servicio público.
Frente a este modelo de gestión basado en el arrendamiento a terceros, la ciudad presenta diversos edificios públicos infrautilizados. La situación actual refleja la necesidad de un plan progresivo que priorice la reutilización y adecuación del patrimonio común para reducir el gasto corriente en alquileres y optimizar el uso de los inmuebles que ya pertenecen a la ciudadanía.
