Ecologistas en Acción recurre la autorización de pastoreo y caza en los montes quemados de León

El Servicio Territorial de Medio Ambiente de León ha publicado resoluciones que autorizan el levantamiento de la suspensión de aprovechamientos ganaderos y cinegéticos en las superficies forestales afectadas por los incendios del pasado verano. La medida entrará en vigor el próximo 1 de abril de 2026 y afecta a los terrenos calcinados durante el episodio de agosto de 2025, que supuso la pérdida de más del 10% de la superficie forestal de la provincia.

Ecologistas en Acción ha anunciado la presentación de recursos de alzada contra esta decisión, cuyo plazo de impugnación finaliza el 13 de marzo. La organización sostiene que las resoluciones contradicen la Ley de Montes, la cual establece con carácter general una prohibición de cinco años para el pastoreo y la caza en zonas incendiadas. Según el colectivo, la normativa autonómica solo permite excepciones cuando se acredita técnicamente la compatibilidad con la regeneración del monte, un estudio que afirman no se ha realizado.

La superficie afectada incluye espacios de alto valor ecológico integrados en la Red Natura 2000 y parques nacionales o regionales, como los Picos de Europa, los Ancares o las Sierras de la Cabrera. El argumento técnico de las resoluciones describe estas ubicaciones como zonas de baja recurrencia de incendios. No obstante, la plataforma ambientalista rebate este punto citando ejemplos de localidades con incendios frecuentes, como Porto o Yeres, y advierte que el suelo quemado sufre actualmente un riesgo elevado de erosión irreversible debido a las intensas lluvias invernales.

Desde el punto de vista administrativo, se señala la falta de planes de restauración específicos y la ausencia de una evaluación de impacto ambiental sobre la flora y fauna protegidas antes de autorizar el regreso del ganado y la actividad cinegética. Asimismo, se ha denunciado que el Consejo Regional de Medio Ambiente no ha sido convocado para informar sobre estas medidas, que por el momento se limitan exclusivamente a la provincia de León.

La controversia se produce tras el balance de los incendios de 2025, que afectaron a parajes como los Montes Aquilanos y el Alto Sil. Los detractores de la medida sostienen que la prioridad legal debe ser la recuperación del patrimonio natural y la estabilización de la cubierta vegetal, en lugar de atender a intereses económicos inmediatos que podrían comprometer la supervivencia de las especies silvestres en las áreas afectadas.