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El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha confirmado íntegramente la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de León, que impone una pena de 23 años y medio de prisión a Alan Rubén T.S. El fallo ratifica la responsabilidad del acusado en la muerte de su progenitora, ocurrida durante la noche del 24 de diciembre de 2022. La resolución incluye 23 años por un delito de asesinato y seis meses adicionales por amenazas, además de fijar una indemnización de 5.000 euros para la hermana de la víctima.
Los hechos validados por el tribunal sitúan el crimen en el domicilio de la mujer. Tras un primer intento fallido de acceso a la vivienda esa misma tarde, el condenado regresó más tarde y logró entrar. Una vez en el interior, se produjo una fuerte discusión que derivó en una agresión súbita. El atacante golpeó inicialmente a su madre en la cabeza con un objeto de cristal, dejándola conmocionada y eliminando cualquier posibilidad de defensa.
Posteriormente, la agresión continuó mediante el uso de objetos contundentes y cortantes. El tribunal considera demostrado que el acusado actuó con ensañamiento, provocando numerosas heridas con el fin de aumentar el sufrimiento de la víctima. El ataque final consistió en un corte de trece centímetros en el cuello que causó una hemorragia masiva y la asfixia de la mujer, cuya muerte se certificó a las 23:00 horas de esa misma jornada.
La sentencia judicial descarta que el procesado actuara con sus facultades mentales limitadas en el momento de los hechos. Por el contrario, ratifica la existencia de amenazas previas, en las que el hijo ya había manifestado su intención de acabar con la vida de su madre de la misma forma en que finalmente se ejecutó el crimen. Esta circunstancia, sumada a la violencia del ataque, fundamenta la aplicación de los agravantes que elevan la condena por encima de los veinte años.
La resolución del Tribunal Superior de Justicia llega tras el veredicto de culpabilidad emitido en su día por un jurado popular. Aunque la sentencia es firme en esta instancia, el texto legal contempla la posibilidad de interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Hasta entonces, se mantienen todas las medidas accesorias y la responsabilidad civil derivada de un caso que conmocionó a la capital leonesa por su extrema violencia y el vínculo familiar entre las partes.
