Tribunales

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha ratificado la pena de 20 años de prisión para Silvia V. R., auxiliar de Enfermería, por un delito de asesinato alevoso consumado cometido el 17 de agosto de 2022 en la Residencia Virgen del Camino de León. El fallo estima parcialmente los recursos: rechaza la prisión permanente revisable solicitada por la acusación y fija en 5.175 euros la indemnización a los herederos por las lesiones causadas.

La ordenanza provincial que regula la tasa de tratamiento de residuos de 2024, aprobada por la Diputación de León para municipios de menos de 5.000 habitantes, afronta un proceso de impugnación ante el TSJ de Castilla y León que pone el foco en la responsabilidad del diputado de Hacienda, Santiago Dorado, como máximo responsable político del expediente tributario y que deberá responder judicialmente el lunes en Valladolid.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha ratificado la condena de siete años de cárcel impuesta por la Audiencia Provincial de León a un hombre por un delito de agresión sexual cometido en diciembre de 2022 en un hotel de la capital. La resolución desestima el recurso del condenado y mantiene la orden de alejamiento a favor de la víctima.

La Audiencia Provincial de León ha condenado a 23 años y seis meses de cárcel a Alan Rubén T. S. por el asesinato de su madre el 24 de diciembre de 2022 en su domicilio de León.

La plataforma leonesista exige la salida del consejero de Medio Ambiente tras la apertura de diligencias por los fuegos del pasado verano en León y Zamora. Sostiene que hubo fallos de prevención y coordinación y apunta a una baja ejecución presupuestaria. La Consejería no ha reaccionado públicamente por el momento.

Alan Rubén T.S., para el que la Fiscalía pide 24 años de prisión, dice que ese día “perdió el contacto con la realidad” y su defensa alega un trastorno de personalidad con un 49% de discapacidad.

Amenazan con “impugnar” cada uno de los actos de la central de biomasa “financiada con fondos europeos que iban a ser destinados a los valles afectados por el cierre de las minas”.

La sentencia reconoce que el inicio temprano de las sesiones no garantizaba la recuperación total debido a la complejidad de la lesión y a otros factores.

Álvaro García Ortiz aspira a un único sistema de gestión procesal en todo el territorio para tener “una única manera de dar respuesta a los ciudadanos de cómo se gestiona la justicia”.

El multimillonario se empadronó en Pamplona poco antes de morir para aprovechar el régimen foral de Navarra y evitar así dejar su fortuna en herencia al demandante.

El Grupo Socialista volverá a centrarse en los incendios forestales de este verano y el PP en la defensa de la PAC.

El Ministerio Fiscal y la acusación particular, ejercida por la Junta Vecinal, reclaman prisión, inhabilitación para cargo público y más de 100.000 euros por responsabilidad civil.

Tanto el Fiscal como la Abogacía del Estado consideran que las posibles irregularidades en la inspección de la Agencia Tributaria que destapó el caso no han influido en el proceso penal.

Aseguran que el informe de la Inspección de Hacienda que destapó el caso es “nulo de pleno derecho”.

Lo Asociación Ayuda al Endeudamiento logra la exoneración de deudas para más de una decena de personas en la provincia.

La Audiencia Provincial desestima el recurso y ratifica la sentencia por un delito contra la fauna en Cubillo de Castrejón

Deberá indemnizar a la empresa Hispano Japonesa de Maquinaria con 199.969,67 euros.

No ve probado el delito de revelación de secretos.

La pena impuesta es de seis años de cárcel.

El exconcejal de Ponferrada deberá indemnizar a Raquel Díaz con 1,5 millones de euros.

La Audiencia Nacional ha condenado al actor Imanol Arias a dos años y dos meses de prisión por varios delitos contra la Hacienda Pública, mientras que ha absuelto a la también actriz Ana Duato de todos los cargos relacionados con el caso Nummaria.

Considera a F.M.V.R. y M.M.G.R. autores de sendos delitos de asesinato con alevosía y ensañamiento.

El PP pide el inicio de un nuevo procedimiento de elaboración de una nueva ZBE, “ajustada a la ley” y “responsabilidades y disculpas por la grave ilegalidad cometida”.

Gloria Carrasco, esposa del presidente de Quirón Prevención, defendió ante la jueza que la venta de su empresa a Alberto González Amador fue legal y desvinculada de cualquier comisión relacionada con contratos sanitarios.