La Audiencia Provincial juzga este martes la agresión al presidente del Consejo Comarcal del Bierzo

La vista está señalada a partir de las 12.00 horas y en ella se juzgarán los hechos ocurridos el 11 de abril de 2024, cuando un grupo de personas se concentraba a las puertas de la sede socialista de Ponferrada, en la calle General Vives. Las protestas se venían repitiendo en días previos al final de la tarde en rechazo a la Ley de Amnistía impulsada por el Gobierno central.

En este contexto, Olegario Ramón abandonaba la sede del partido tras una reunión de la agrupación municipal, de la que es secretario general. En ese momento fue increpado por uno de los manifestantes, identificado como F.P.C. Cuando el responsable político sacó el teléfono móvil, el acusado le habría agarrado, zarandeado y propinado varias patadas. El episodio quedó registrado en un vídeo.

Mientras se producía la agresión física, otros manifestantes profirieron insultos y amenazas. Entre ellos se sitúa el segundo acusado, J.A.P.A., para quien se solicita una condena de dos años de prisión por amenazas. El escrito de calificación recoge expresiones como "mentiroso, ladrón, asesino y pinocho", que habrían generado en el agredido una sensación de humillación, frustración y vergüenza.

Como consecuencia de los hechos, Olegario Ramón sufrió una contusión en un dedo, así como contusiones y heridas en la pierna derecha, con secuelas posteriores en la zona de la cicatriz. La acusación reclama además una indemnización económica por lesiones y daños morales que asciende en conjunto a 2.500 euros.

Para F.P.C. se solicita una pena de cinco años de prisión por un presunto delito de atentado contra la autoridad con agravante de discriminación y lesiones, mientras que para J.A.P.A. se pide una condena de dos años por amenazas.

Olegario Ramón acude a la vista oral con la carga personal de revivir unos hechos que califica de "muy desagradables" y afirma que espera un reproche penal claro para este tipo de actuaciones. Aspira a que la sentencia deje patente que las agresiones motivadas por razones ideológicas y de odio político tienen consecuencias y actúe además como mensaje disuasorio para comportamientos similares en el futuro.