Juicio en León por la agresión al presidente del Consejo Comarcal del Bierzo

A su llegada a la sede judicial, Ramón reconoció vivir la jornada con inquietud, aunque confiado en el resultado del proceso. “Hoy no he dormido bien, es un momento desagradable, pero tengo la convicción de que se va a hacer justicia”, señaló a las puertas del edificio. El procedimiento se centra en los hechos ocurridos cuando varias personas se manifestaban contra la Ley de Amnistía en el exterior de la agrupación socialista ponferradina.

Durante la vista está previsto que declaren siete personas entre testigos y peritos, además de la propia víctima y de los dos acusados, identificados como F.P.C. y J.A.P.A. El primero se enfrenta a una petición de cinco años de prisión por un delito de atentado contra la autoridad en concurso con lesiones. Al segundo se le atribuye un delito de amenazas. La previsión de intervención de peritos y múltiples testigos apunta a una sesión de duración prolongada.

Ramón, que también fue alcalde de Ponferrada, recordó el apoyo recibido tras la agresión y la repercusión que tuvo el episodio en distintos ámbitos institucionales y sociales. “Hoy he recibido muchos mensajes. En su momento fue una oleada de solidaridad de todos los colectivos, desde todos los lugares, y me hizo sentirme reconfortado”, afirmó antes del inicio de la vista.

El presidente del Consejo Comarcal explicó que el juicio le obligará a revivir unos hechos que considera especialmente duros. “No será agradable recordar lo que ocurrió. Espero que haya un reproche penal por esa conducta agresiva, de amenazas e insultos, llegando a la agresión”, indicó. En su valoración, este tipo de comportamientos “van contra la convivencia y la tolerancia, solo por tener otra ideología”.

En este contexto, Ramón expresó su deseo de que la resolución judicial pueda servir de referencia ante situaciones similares en el futuro. A su juicio, el proceso debe dejar claro que las agresiones, amenazas e insultos dirigidos a representantes públicos, vinculados a discrepancias políticas, tienen consecuencias y “conllevan sanciones” en el ámbito penal. La vista queda ahora pendiente de la práctica de la prueba y de las decisiones que adopte el tribunal tras la fase de conclusiones.