El TSJCyL confirma 20 años de prisión para la auxiliar acusada de asesinar a una anciana en una residencia de León

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha ratificado la pena de 20 años de prisión para Silvia V. R., auxiliar de Enfermería, por un delito de asesinato alevoso consumado cometido el 17 de agosto de 2022 en la Residencia Virgen del Camino de León. El fallo estima parcialmente los recursos: rechaza la prisión permanente revisable solicitada por la acusación y fija en 5.175 euros la indemnización a los herederos por las lesiones causadas.

CyL13 de noviembre de 2025RMLRML
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La resolución desestima, en lo sustancial, el recurso de la defensa. El tribunal concluye que no se vulneró el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, pese a la alegación de que no se tomó declaración a la acusada por el delito de asesinato, y que el principio de presunción de inocencia no ha sido quebrantado. La Sala considera acreditados los hechos: la agresión a una residente de 98 años y la posterior administración de varias dosis de insulina con finalidad homicida.

En relación con el recurso del Ministerio Fiscal, el Alto Tribunal descarta la imposición de prisión permanente revisable y mantiene la condena de 20 años. El TSJCyL ajusta, no obstante, la responsabilidad civil y fija una indemnización total de 5.175 euros a favor de los herederos de la víctima, al tiempo que impone las costas procesales.

El caso se remonta a los hechos ocurridos en el verano de 2022, cuando la residencia Virgen del Camino registró el episodio que dio lugar a la investigación y al proceso penal. La sentencia ahora confirmada califica los hechos como asesinato alevoso consumado, al valorar la concurrencia de elementos que impidieron a la víctima cualquier posibilidad de defensa. La identidad de las partes y el detalle de las pruebas se circunscriben a lo ya resuelto en instancia y revisado en apelación.

La decisión del TSJCyL consolida la pena principal y la tipificación delictiva fijadas en la sentencia recurrida, y cierra la vía de revisión en el ámbito autonómico. No obstante, el tribunal recuerda que contra el fallo cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo en el plazo de cinco días desde su notificación, mediante los cauces procesales establecidos.

Con esta resolución, el procedimiento penal entra en fase de firmeza condicionada a la eventual interposición y admisión del recurso de casación. No han trascendido, por el momento, nuevas actuaciones relativas a la situación penitenciaria de la condenada o a medidas adicionales en el ámbito civil más allá de la indemnización fijada.
 
 

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