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Los dos arrestados, varones de mediana edad, operaban a través de un entramado societario con sede en Burgos y subcontratas asociadas para obtener mano de obra barata. Uno de los detenidos ejercía como contratista principal de las obras, mientras que el segundo se encargaba presuntamente de captar a las víctimas en el extranjero, gestionar su traslado a España al margen de la normativa de la Unión Europea y ubicarlas en inmuebles desprovistos de habitabilidad mínima. A los detenidos se les imputan los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, coacciones, blanqueo de capitales y delitos contra los derechos de los trabajadores.
La intervención de los agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras se produjo el pasado 23 de junio. De forma simultánea, los efectivos policiales realizaron registros autorizados por la judicatura en un domicilio del distrito oeste de la capital burgalesa y en un local comercial del barrio de Gamonal, ambos vinculados directamente a la actividad de los implicados. Tras las diligencias en dependencias policiales, ambos empresarios pasaron a disposición del Tribunal de Instancia competente.
La investigación penal se inició a principios de abril tras la denuncia de un constructor afincado en Italia, quien detectó impagos en una obra bajo su supervisión y manifestó haber recibido amenazas telefónicas. La situación laboral de la plantilla afloró públicamente el 18 de abril, cuando dos obreros se encaramaron a una grúa de gran altura en una reforma del barrio de Fuentecillas para reclamar meses de salarios atrasados. Aquel suceso requirió la mediación de un negociador de la Policía Nacional durante varias horas antes de que depusieran su actitud.
A partir de ese episodio y de denuncias análogas tramitadas en Aranda de Duero, las inspecciones conjuntas con la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social confirmaron el patrón de desprotección. Las declaraciones de los afectados evidenciaron que los empresarios se aprovechaban del desconocimiento del idioma, de la falta de regularización administrativa y de la vulnerabilidad socioeconómica de los operarios. Para asegurar el control de los trabajadores y evitar que denunciaran los impagos generalizados, los detenidos proferían coacciones frecuentes, habiendo llegado el encargado de los traslados a esgrimir un arma de fuego para amedrentarlos.
