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La decisión administrativa deja sin funciones de gestión a la edil afectada dentro del equipo de gobierno local de la capital soriana. El cese provisional de sus competencias sectoriales persigue asegurar el correcto funcionamiento de las oficinas municipales, garantizar los niveles obligatorios de transparencia pública y facilitar el desarrollo normativo de las actuaciones que instruye la autoridad judicial bajo secreto de sumario.
El consistorio soriano iniciará la apertura de un expediente informativo interno tan pronto como los plazos procesales de la causa penal y el levantamiento de la reserva de las pesquisas lo hagan viable de forma legal. Este procedimiento de fiscalización propia se centrará en recopilar toda la documentación relacionada con los contratos de las concejalías bajo sospecha, un paso técnico que servirá de base a los servicios jurídicos para evaluar la personación del Ayuntamiento en la causa en calidad de parte perjudicada o interesada.
La postura corporativa del Gobierno local defiende la necesidad de actuar bajo criterios estrictos de prudencia institucional durante el tiempo en que permanezcan activas las investigaciones de los agentes de la Policía Judicial. La dirección municipal ha ordenado bloquear temporalmente el acceso a los expedientes de las áreas afectadas para evitar filtraciones y asegurar que el esclarecimiento de los hechos delictivos se desarrolle sin interferencias externas de carácter político o administrativo.
La corporación soriana ha manifestado de forma expresa su total disposición para remitir al juzgado de instrucción número 3 toda la documentación contable y los soportes informáticos que requieran las autoridades. Las áreas de Comercio, Turismo, Hacienda y Alcaldía funcionan bajo el principio de colaboración absoluta con el fin de deslindar las presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación de contratos públicos de la actividad ordinaria del resto de departamentos del ayuntamiento capitalino.
Mientras tanto, cinco de los seis detenidos han quedado en libertad con la obligatoriedad de comparecer ante la sede judicial cuando sean formalmente requeridos. Por su parte, la concejala de Comercio, Turismo y Medio Ambiente, Yolanda Santos, ha sido conducida durante la mañana de hoy ante el titular del Juzgado de Instancia número 3 para prestar declaración en calidad de investigada.
