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La acumulación de fuegos en el territorio leonés satura la capacidad de respuesta de los servicios de emergencia locales en una de las jornadas más complejas del periodo estival. Cuatro de los dieciocho focos simultáneos se encuentran bajo el nivel uno del Índice de Gravedad Potencial, una calificación que determina la existencia de un riesgo moderado para bienes forestales o núcleos de población, y que exige de forma vinculante la adopción de medidas especiales de contención. La magnitud actual de la emergencia coincide con un despliegue que carece de las dotaciones estructurales necesarias para asegurar las labores de control con totales garantías de seguridad para el patrimonio natural.
Las deficiencias operativas del dispositivo se concentran en la existencia de cuadrillas y dotaciones incompletas sobre el terreno, la escasez de personal fijo para cubrir turnos prolongados y la falta de formación especializada en una parte de los efectivos que integran el operativo de extinción. Estas carencias materiales y humanas merman notablemente la agilidad de las primeras intervenciones ante focos repentinos. La ralentización de los trabajos aumenta de forma directa el peligro para los municipios próximos a las llamas, elevando al mismo tiempo el riesgo de siniestralidad laboral para los propios operarios que trabajan en la primera línea de fuego.
Para contrarrestar la limitación de efectivos en León, el centro de coordinación se ha visto obligado a movilizar de manera urgente recursos humanos y vehículos pesados procedentes de las provincias de Zamora, Salamanca, Palencia, Valladolid, Segovia y Ávila. Este traslado de convoyes y brigadas terrestres debilita la capacidad preventiva y de respuesta del resto de los territorios de Castilla y León, evidenciando fallos en la planificación estructural de un dispositivo que depende de la cobertura cruzada entre provincias para mitigar grandes emergencias.
La gestión del servicio de extinción adolece de una falta de previsión presupuestaria a largo plazo. La estabilización del dispositivo pasa por abandonar las medidas logísticas temporales y acometer inversiones urgentes que consoliden un operativo profesional, estable, adecuadamente dimensionado y de gestión cien por cien pública. El mantenimiento de unas condiciones laborales dignas y la dotación de medios técnicos acordes a la realidad climática actual resultan indispensables para proteger de forma eficaz la masa forestal de la comunidad autónoma.
