Los familiares de los seis mineros fallecidos en 2013 recurrirán la absolución de los 16 acusados del pozo Emilio del Valle

Los familiares de los seis mineros que murieron el 28 de octubre de 2013 en el pozo Emilio del Valle, en La Pola de Gordón, recurrirán la sentencia que absuelve a los 16 acusados de homicidio por imprudencia grave y lesiones. El fallo, emitido por el Juzgado Penal número 2 de León, descarta responsabilidad penal de directivos, ingenieros y vigilantes de seguridad de la Hullera Vasco Leonesa, lo que ha provocado un profundo malestar entre las familias.

Manuel Moure, padre de Manuel Antonio Moure, uno de los fallecidos, expresó su indignación tras conocer el contenido de la resolución judicial. A sus 78 años y después de más de una década de procedimientos, afirma sentirse “totalmente fundido y cabreado” y cuestiona tanto los plazos como la conclusión del fallo. Recuerda que la sentencia llega poco después de que los familiares se manifestaran para exigir que se hiciera pública y sostiene que el resultado carece de rigor suficiente para un caso de esta dimensión.

La resolución judicial concluye que no existe responsabilidad penal de ninguno de los acusados por el derrabe de carbón que provocó una masiva entrada de grisú y la caída súbita del oxígeno hasta un uno por ciento, circunstancia que causó la muerte inmediata por asfixia de los seis mineros. Los hechos, que entonces fueron calificados como uno de los accidentes más graves de la minería reciente, derivaron en una acusación por imprudencia grave fundamentada en la supuesta falta de medidas de seguridad en la explotación.

Durante el juicio, la Fiscalía defendió que la tragedia era evitable y vinculó el siniestro a incumplimientos de la normativa de seguridad minera. En cambio, las defensas sostuvieron que el accidente fue imprevisible y que los protocolos de seguridad eran adecuados. Finalmente, el juzgado ha optado por la absolución completa de los 16 procesados y de las aseguradoras, sin imponer responsabilidad civil a la empresa.

Moure asegura que “alguien tuvo que ser el culpable” y sostiene que “todo el mundo sabía cómo estaba aquello”, en referencia a las condiciones de la explotación. Considera que la decisión judicial deja sin respuesta cuestiones esenciales sobre la gestión del riesgo en la mina y lamenta que la resolución pueda interpretarse como una exoneración total del modelo de trabajo que precedió al siniestro.

Las familias de las víctimas preparan ya el recurso contra una sentencia que califican de insuficiente y que, a su juicio, no contribuye a esclarecer las causas del accidente. Moure afirma que mantendrá la lucha “mientras le quede un hilo de vida” para que se esclarezcan los hechos y se depuren responsabilidades.