Un agujero abierto y mal señalado en el camino a la ermita de Boinas, junto a la LE-311, exhibe una imagen de precariedad impropia de una administración moderna y reabre el debate sobre la falta de control municipal en obras y actuaciones en espacios públicos.
Montaña Leonesa18 de noviembre de 2025
RML
El agujero con forma trabajada en cuadro está abierto en el acceso al camino que lleva desde la carretera LE - 311 a la ermita de Boinas, en Matallana de Torío, marcado únicamente con ramas cruzadas y una lata colocada sobre un palo (tal y como se aprecia en la fotografía adjunta), constituye un ejemplo ilustrativo de improvisación y falta de vigilancia municipal. La escena, más propia de décadas pasadas, deja expuesta una zona de tránsito habitual sin la mínima protección exigida por las normas de seguridad vial y prevención de riesgos en la vía pública.
Lo que debería estar perimetrado con vallas, balizas visibles y señalización homologada aparece sustituido por un aviso rudimentario que no evita el peligro ni cumple ninguna función preventiva real. Esta forma de señalización casera, practicada en plena vía pública, proyecta una mala imagen del municipio y de su capacidad de gestión. Sitúa, además, la seguridad del mundo rural en un limbo que parece ajeno a los estándares actuales, donde situaciones como esta se convierten en pura normalidad dentro de la anormalidad.
El agujero, de dimensiones suficientes para provocar una caída grave, supone un riesgo evidente para cualquier peatón, ciclista o animal que pase por la zona. En un contexto con población envejecida, la peligrosidad aumenta. Basta imaginar el caso de una persona mayor que, caminando por este tramo, no detecte el socavón a tiempo. Una caída en un hueco de este tipo podría provocarle fracturas severas, traumatismos e incluso un desenlace fatal. Un incidente así abriría la puerta a un proceso legal por responsabilidad patrimonial en el que el Ayuntamiento de Matallana de Torío tendría escasas posibilidades de defensa: la ausencia de señalización reglamentaria y la falta de actuación inmediata son elementos que la jurisprudencia considera negligencia clara.
La normativa vigente obliga a los ayuntamientos a vigilar, controlar y garantizar la seguridad de cualquier intervención en la vía pública, sea municipal o privada. También deben asegurarse de que las obras cuenten con permisos, planos, supervisión técnica y medidas de protección adecuadas. Cuando la población local tiene que recurrir a ramas y palos para advertir un peligro evidente, el mensaje es inequívoco: la administración no está atendiendo un deber básico.
A día de hoy todavía no ha trascendido si se ha abierto algún expediente para corregir la situación. Mientras tanto, el socavón sigue expuesto. La seguridad en los pueblos no es opcional ni secundaria. Y cada caso como este muestra hasta qué punto la inacción puede convertir un simple bache en una amenaza real para vecinos y visitantes.
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