La comisión de fiestas de Villamanín ofrece su premio del Gordo y plantea un depósito judicial para cerrar el desfase

Villamanín, de la alegría al desencanto en un instante.

El planteamiento que se trabaja combina dos vías. Por un lado, una merma del 10% en el cobro de cada una de las papeletas premiadas afectadas. Por otro, la aportación íntegra del premio que corresponde a los miembros de la comisión, cuantificada por una de las premiadas en dos millones de euros. La suma de ambos importes se ingresaría en sede judicial como garantía, con la previsión de que, si no se presentan reclamaciones dentro del plazo de cobro, el dinero aportado por la comisión se distribuya entre quienes asumieron esa reducción.

La reunión sirvió también para fijar el marco con el que se quiere encauzar el conflicto: supervisión judicial del acuerdo y un esquema que permita ejecutar los pagos con seguridad. En la explicación trasladada a los asistentes, la comisión atribuyó lo ocurrido a una incidencia en el recuento de papeletas, reconoció la gravedad de las consecuencias y pidió disculpas a los afectados. A la vez, defendió que no ha existido fraude ni trampa en el proceso de venta.

El caso gira en torno al número 79.432, agraciado con el Gordo del Sorteo Extraordinario de Navidad. En Villamanín se vendieron participaciones de cinco euros a través de papeletas, con un recargo de un euro destinado a financiar las fiestas. Cada papeleta premiada tiene asociado un premio de 80.000 euros. El desfase se concreta en diez décimos que no estarían consignados, repartidos en 50 papeletas, lo que deja un vacío económico de cuatro millones de euros.

El premio total distribuido en la localidad alcanzó 35,6 millones de euros, correspondientes a 89 décimos vendidos mediante participaciones. La operativa de compra se realizó a través de una administración de lotería de La Pola de Gordón. Todavía no ha trascendido el texto final del acuerdo ni el detalle de las condiciones exactas para su firma y ejecución, más allá de la previsión de depósito judicial y del calendario vinculado al cierre del plazo de cobro, fijado para el 22 de marzo.