Un juzgado obliga a la Diputación de León a abonar 400.000 euros al Ayuntamiento de San Justo de la Vega

El Juzgado Contencioso-Administrativo nº 2 de León ha estimado la demanda interpuesta por el Ayuntamiento de San Justo de la Vega y ha condenado a la Diputación Provincial, como entidad sucesora del extinto Consorcio Provincial de Residuos, al pago de 400.000 euros más los intereses correspondientes. La sentencia reconoce el derecho del municipio a percibir las cantidades fijadas en el convenio firmado en 2015 con motivo de la instalación y funcionamiento del Centro de Tratamiento de Residuos ubicado en su término municipal.

La resolución llega después de varios años de reclamaciones administrativas dirigidas al antiguo consorcio, conocido como Gersul, para exigir el cumplimiento del acuerdo económico pactado. Ante la falta de respuesta y el retraso acumulado en los pagos anuales previstos, el Ayuntamiento decidió acudir a la vía judicial. El juzgado concluye ahora que el convenio ha estado vigente en todo momento y que San Justo de la Vega ha cumplido las obligaciones que se le atribuían en dicho acuerdo.

El alcalde del municipio, Juan Carlos Rodríguez, expresa que la decisión judicial confirma el derecho de la localidad a recibir los importes comprometidos hace casi una década. Reclama que la institución provincial ejecute la sentencia sin demoras, al considerar que el abono de las cantidades es esencial para garantizar la continuidad de los servicios municipales y atender las necesidades inmediatas de los vecinos.

El Ayuntamiento sostiene que la falta de ingresos procedentes del convenio ha supuesto durante años una carga financiera adicional y un perjuicio para la prestación ordinaria de servicios. La sentencia, susceptible de recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, determina que la Diputación, como sucesora del consorcio disuelto, debe asumir íntegramente la deuda acumulada y satisfacer los intereses asociados al retraso en el pago.

Durante el proceso judicial, la Diputación se opuso a las pretensiones del Ayuntamiento y cuestionó la obligación de abonar las cantidades reclamadas. El juzgado, sin embargo, avala la continuidad del convenio y descarta los argumentos planteados, al considerar acreditado que el municipio ha cumplido las condiciones previstas y que el acuerdo económico mantiene plena validez.

Una vez que la sentencia sea firme, la institución provincial deberá activar las disposiciones presupuestarias necesarias para hacer frente al importe fijado. Todavía no ha trascendido si presentará recurso ante el Tribunal Superior de Justicia.