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La sentencia confirmada establece que el acusado aprovechó la confianza del anciano, residente en un centro de mayores y con escaso contacto familiar, para realizar 135 retiradas de dinero en cajeros automáticos utilizando de forma fraudulenta su libreta de ahorros y su tarjeta bancaria. Además, obtuvo su firma en documentos de donación y compraventa que el perjudicado no comprendía en su alcance real. Tras el fallecimiento del hombre, sus herederos detectaron la falta de fondos y bienes y denunciaron la situación, lo que dio inicio al procedimiento judicial.
El fallo fija para el condenado una pena de dos años y seis meses de prisión por estafa agravada. Incluye también una multa de 2.400 euros y la obligación de devolver más de 100.000 euros obtenidos de manera ilícita. Asimismo, deberá restituir las fincas y vehículos que había logrado a través de las citadas operaciones privadas. La resolución subraya la relación previa entre ambos hombres como compañeros en la Policía Nacional, circunstancia que facilitó el acercamiento y la obtención de confianza por parte del condenado.
El Tribunal Superior de Justicia concluye que la valoración de la Audiencia Provincial fue correcta tanto en la apreciación de las pruebas como en la determinación del tipo delictivo. Considera probado que el acusado actuó de forma consciente y prolongada, aprovechándose de la vulnerabilidad del anciano. La confirmación respalda íntegramente los criterios de la Sección Tercera de León.
La sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, aunque por el momento no ha trascendido si la defensa agotará esta vía. La resolución mantiene todas las obligaciones de reparación económica impuestas y cierra una fase clave del proceso judicial iniciado tras la denuncia de los herederos.
