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El Ministerio Fiscal atribuye a la acusada la falta de gestión de los residuos derivados de los vehículos que llegaron al centro entre 2019 y 2022. Según el escrito de acusación, esta omisión provocó la liberación a la atmósfera de gases refrigerantes procedentes de los sistemas de climatización de los automóviles. La Fiscalía cifra en 331 kilos el volumen de gas emitido, una cantidad que equivale a 474 toneladas de dióxido de carbono y a un perjuicio económico valorado en más de 21.000 euros.
El informe sostiene que durante el periodo investigado no se habría gestionado adecuadamente ninguno de los más de 2.200 vehículos recepcionados por la empresa. Los gases, en lugar de ser retirados y entregados a gestores autorizados para su tratamiento, habrían sido liberados directamente, incumpliendo la normativa aplicable en materia de residuos y de protección ambiental. Esta actuación constituye para la Fiscalía la base del presunto delito contra los recursos naturales.
Además de la pena de prisión, se solicita un año y ocho meses de multa, con una cuota diaria de seis euros, así como dos años de inhabilitación especial para actividades relacionadas con la gestión de residuos. La acusación incluye también una responsabilidad civil para la sociedad Desguaces Ponferrada, para la que se reclama una indemnización de 42.000 euros destinada a cubrir el perjuicio causado por las emisiones.
La vista oral está programada para las 10.20 horas del 10 de diciembre en la Audiencia Provincial de León. Todavía no ha trascendido si la defensa presentará nuevas periciales o solicitará la práctica de pruebas complementarias durante el juicio. El proceso determinará la responsabilidad penal y civil derivada de los hechos descritos en el escrito de acusación.
