La ordenanza provincial que regula la tasa de tratamiento de residuos de 2024, aprobada por la Diputación de León para municipios de menos de 5.000 habitantes, afronta un proceso de impugnación ante el TSJ de Castilla y León que pone el foco en la responsabilidad del diputado de Hacienda, Santiago Dorado, como máximo responsable político del expediente tributario y que deberá responder judicialmente el lunes en Valladolid.
Provincia08 de noviembre de 2025
RML
La demanda, registrada en septiembre de 2024 y actualmente en fase de prueba y testificales, sostiene que la Diputación carecía de cobertura para calificar como tasa el cobro del servicio al tratarse de una gestión indirecta mediante concesión (UTE Legio VII). Con arreglo a la jurisprudencia señalada en el escrito, ese pago tendría la naturaleza de prestación patrimonial de carácter público no tributario. El recurso también cuestiona las competencias efectivas de la institución el 30 de octubre de 2023, fecha de aprobación plenaria, por no haberse formalizado aún la disolución de Gersul —acordada el 31 de octubre— y por mantenerse entonces el consorcio en periodo de cobro voluntario.
El escrito añade que no puede aprobarse una ordenanza sin “provincializar” previamente el servicio, y cita el artículo 36.1.c de la Ley de Bases de Régimen Local: la Diputación asumiría la gestión solo cuando los ayuntamientos renuncian a prestarla. En paralelo, se señalan defectos de procedimiento: en la Comisión Informativa previa y en el Pleno extraordinario del 30 de octubre de 2023 no figuraron como puntos separados del orden del día la imposición del tributo y la aprobación de la ordenanza fiscal, actos que tienen naturaleza distinta. La publicación íntegra en el BOP se efectuó el 22 de diciembre de 2023 sin alegaciones presentadas.
Desde la perspectiva de responsabilidad política, el diputado de Hacienda —alcalde de La Robla— aparece como el cargo que dirigió la tramitación económica y fiscal del expediente y elevó la propuesta al Pleno. La demanda atribuye a esa dirección la obligación de asegurar la competencia material, la adecuación jurídica de la figura de ingreso y el ajuste del procedimiento a los trámites exigidos.
En el proceso ya ha declarado por escrito el presidente de la Diputación, que defiende la corrección del trámite y la coordinación con la absorción de Gersul. Para el lunes están citados como testigos los portavoces de los grupos, el propio diputado de Hacienda y el personal técnico interviniente. Al margen de la impugnación directa ante el TSJ, se apunta la vía de impugnación indirecta: cualquier contribuyente podría recurrir su liquidación individual, con efectos sobre devoluciones si prospera, especialmente en 2026, año para el que la Diputación ha prorrogado el contrato con la UTE Legio VII.
A falta de resolución judicial, el procedimiento se centra en tres ejes: naturaleza del ingreso, competencia para aprobar la ordenanza en la fecha indicada y corrección formal del orden del día. El resultado condicionará el marco de financiación del tratamiento de residuos en los municipios afectados.
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