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El comunicado del PP mezcla dos planos. Por un lado, denuncia retrasos en pagos, “facturas en el cajón” y falta de planificación. Por otro, justifica su voto a favor del levantamiento de reparos como una decisión “responsable” para evitar el colapso y pagar nóminas y proveedores. Sin embargo, el propio relato popular admite implícitamente que el deterioro no nace de un episodio aislado, sino de una falta prolongada de dirección política. Ese tipo de degradación administrativa no se improvisa de un día para otro.
La cuestión clave no es solo lo que el PP afirma hoy, sino lo que no hizo cuando debía hacerlo. En el terreno de la responsabilidad política existe una obligación básica de vigilancia y control sobre la acción del gobierno local: fiscalizar, pedir expedientes, forzar comparecencias, promover comisiones de investigación, exigir informes, y dejar constancia formal de advertencias cuando se detectan irregularidades. Esa función no requiere esperar a que la crisis estalle; precisamente se ejerce para evitar que estalle.
En Boñar, además, el argumento del “no sabía nada” choca con un dato de sentido común político: la oposición tiene, por su posición institucional, un acceso potencialmente más directo a información interna y a canales de interlocución que cualquier ciudadano o medio local. Cuando una investigación periodística acaba trazando una cronología y activando comunicaciones hacia instituciones superiores, la pregunta legítima hacia un grupo político con representación municipal es inevitable: por qué no impulsó antes una investigación formal propia, con solicitudes documentales sistemáticas, y con exigencia de responsabilidades en sede plenaria.
A esto se suma un elemento objetivo del último pleno urgente: el levantamiento de reparos desplaza la responsabilidad desde el ámbito estrictamente técnico hacia la decisión política. Ese acuerdo no convierte automáticamente a nadie en culpable de un delito, pero sí evidencia que los representantes presentes aceptaron pagar pese a advertencias formales. A partir de ahí, sostener que se desconocía el alcance del problema refuerza otra duda igual de grave: qué se votó exactamente, con qué documentación, y por qué se llega a una votación de emergencia sin un trabajo previo de control suficiente.
Si el PP considera que existen indicios de irregularidades graves, su posición no se agota en una nota de prensa. El deber político exige activar mecanismos concretos y verificables: requerimientos formales de expedientes, petición de informes completos de Intervención y Secretaría, solicitud de auditoría externa o fiscalización superior si procede, y, cuando existan indicios racionales de delito, traslado a los órganos competentes para investigación. En un ayuntamiento, la fiscalización no es un eslogan. Es un acto sostenido, documentado y con consecuencias.
El debate que abre la nota del PP no es si “se enteró tarde”. Es si asumirá ahora el coste de hacer lo que no hizo antes: poner luz, exigir papeles y empujar una investigación oficial que no dependa de la presión de un expediente externo o del trabajo de un medio de comunicación. Y si no lo hace, también quedará claro qué significa, en la práctica, ser oposición en Boñar.
