El Partido Popular de Boñar ha difundido una nota en la que acusa al equipo de gobierno de llevar al Ayuntamiento “al límite” por una gestión “deficiente, opaca y personalista” y sostiene que desconocía el alcance de la situación hasta el último pleno urgente. Ese argumento sitúa ahora el foco en otra responsabilidad menos cómoda: qué controles y actuaciones impulsó la oposición durante años ante un problema que, por su persistencia, difícilmente puede presentarse como una sorpresa.
Montaña Leonesa23 de diciembre de 2025
RML
El comunicado del PP mezcla dos planos. Por un lado, denuncia retrasos en pagos, “facturas en el cajón” y falta de planificación. Por otro, justifica su voto a favor del levantamiento de reparos como una decisión “responsable” para evitar el colapso y pagar nóminas y proveedores. Sin embargo, el propio relato popular admite implícitamente que el deterioro no nace de un episodio aislado, sino de una falta prolongada de dirección política. Ese tipo de degradación administrativa no se improvisa de un día para otro.
La cuestión clave no es solo lo que el PP afirma hoy, sino lo que no hizo cuando debía hacerlo. En el terreno de la responsabilidad política existe una obligación básica de vigilancia y control sobre la acción del gobierno local: fiscalizar, pedir expedientes, forzar comparecencias, promover comisiones de investigación, exigir informes, y dejar constancia formal de advertencias cuando se detectan irregularidades. Esa función no requiere esperar a que la crisis estalle; precisamente se ejerce para evitar que estalle.
En Boñar, además, el argumento del “no sabía nada” choca con un dato de sentido común político: la oposición tiene, por su posición institucional, un acceso potencialmente más directo a información interna y a canales de interlocución que cualquier ciudadano o medio local. Cuando una investigación periodística acaba trazando una cronología y activando comunicaciones hacia instituciones superiores, la pregunta legítima hacia un grupo político con representación municipal es inevitable: por qué no impulsó antes una investigación formal propia, con solicitudes documentales sistemáticas, y con exigencia de responsabilidades en sede plenaria.
A esto se suma un elemento objetivo del último pleno urgente: el levantamiento de reparos desplaza la responsabilidad desde el ámbito estrictamente técnico hacia la decisión política. Ese acuerdo no convierte automáticamente a nadie en culpable de un delito, pero sí evidencia que los representantes presentes aceptaron pagar pese a advertencias formales. A partir de ahí, sostener que se desconocía el alcance del problema refuerza otra duda igual de grave: qué se votó exactamente, con qué documentación, y por qué se llega a una votación de emergencia sin un trabajo previo de control suficiente.
Si el PP considera que existen indicios de irregularidades graves, su posición no se agota en una nota de prensa. El deber político exige activar mecanismos concretos y verificables: requerimientos formales de expedientes, petición de informes completos de Intervención y Secretaría, solicitud de auditoría externa o fiscalización superior si procede, y, cuando existan indicios racionales de delito, traslado a los órganos competentes para investigación. En un ayuntamiento, la fiscalización no es un eslogan. Es un acto sostenido, documentado y con consecuencias.
El debate que abre la nota del PP no es si “se enteró tarde”. Es si asumirá ahora el coste de hacer lo que no hizo antes: poner luz, exigir papeles y empujar una investigación oficial que no dependa de la presión de un expediente externo o del trabajo de un medio de comunicación. Y si no lo hace, también quedará claro qué significa, en la práctica, ser oposición en Boñar.
La carretera N-VI ha quedado reabierta en la tarde de hoy a su paso por Vega de Valcarce, después de permanecer cortada desde el domingo 8 de febrero por un desprendimiento en el punto kilométrico 430. Durante el cierre, el tráfico fue desviado por la autovía A-6.
La Junta de Castilla y León ha declarado en la provincia de León la situación 2 de emergencia del Plan Inuncyl ante el riesgo de inundaciones y la previsión de un empeoramiento de las condiciones en las próximas horas. La medida se adopta con especial atención al entorno del embalse de Villameca, donde se ha iniciado un desembalse que eleva el caudal y obliga a reforzar la coordinación y la vigilancia en municipios del área.
La Reserva de la Biosfera Alto Bernesga celebrará el 20 de febrero un taller de participación juvenil en La Pola de Gordón. La actividad, enmarcada en el proyecto internacional RES-MAB, se dirige a jóvenes de 18 a 35 años interesados en aportar propuestas para el futuro del entorno rural.
El Partido Popular de León ha reclamado dimisiones y responsabilidades políticas inmediatas en el caso de CIUDEN, con una presión pública sostenida desde que la gestión de contratos quedó bajo investigación judicial. En Boñar, en cambio, no se ha visto una reacción equivalente ante una secuencia de hechos documentados: reparos de Secretaría levantados en un pleno extraordinario de diciembre, un desajuste superior a 33.000 euros reflejado en la documentación municipal y la falta de respuesta a solicitudes formales de información sobre la gestión y la trazabilidad de determinados ingresos.
La Asociación EslaVIDA ha difundido un documento dirigido a vecinos de Cistierna y municipios del entorno en el que rebate la campaña informativa de la empresa promotora del proyecto de biogás/biometano en el polígono de Cistierna, en Vidanes. El texto llega tras la aprobación, el 22 de enero, de una moción municipal contraria al proyecto y reclama acceso completo al expediente y debates públicos con técnicos independientes.
La comisión de fiestas de Villamanín ha advertido de que la compra o venta de papeletas premiadas con el primer premio del Sorteo Extraordinario de Navidad no adelanta el cobro ni aporta ventajas. El aviso llega tras detectar contactos a propietarios de papeletas para operaciones de compraventa y se acompaña de recomendaciones de seguridad y de un calendario de registro presencial.
La nevada registrada en las últimas horas ha obligado a cerrar dos carreteras y a imponer el uso de cadenas en otros seis tramos de la red viaria de León y Salamanca. Las restricciones afectan especialmente a accesos de montaña y a circulaciones hacia zonas turísticas y de alta cota.
La Audiencia Provincial de León ha acordado una medida de seguridad de seis años de internamiento psiquiátrico para un hombre, natural de El Bierzo, por la agresión a un amigo en Ponferrada en diciembre de 2023. La víctima sufrió un traumatismo craneal y lesiones de gravedad que le han provocado la pérdida total de visión en un ojo y parcial en el otro, además de secuelas.
La Confederación Hidrográfica del Duero desembalsará la presa de Villameca, en la provincia de León, ante el incremento del caudal del río Tuerto, que ha alcanzado el nivel rojo en varios puntos de control. El organismo pide a la población que extreme la precaución por el riesgo de desbordamientos y por posibles complicaciones en las orillas.
El Ayuntamiento de La Bañeza ha activado un dispositivo especial ante el aumento del caudal del río Duerna tras las intensas lluvias registradas en las últimas horas. El operativo incluye actuaciones de contención y desvío del agua en puntos donde el cauce se aproximaba a zonas habitadas, con el objetivo de prevenir daños materiales.
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