RML
La gestión de los recursos forestales en los pequeños municipios mantiene bloqueados los fondos destinados a la prevención de incendios. El entramado contable que regula la venta de madera y leña diluye la responsabilidad entre las distintas administraciones locales y autonómicas. Esta parálisis impide limpiar las franjas de seguridad que protegen a los núcleos urbanos, mientras los ayuntamientos priorizan el gasto en fiestas y servicios corrientes sobre la prevención estival.
El origen del problema financiero reside en la aplicación del principio de caja única en la contabilidad municipal. El 85% del rendimiento líquido obtenido por la venta de madera se ingresa en partidas genéricas del presupuesto local, perdiendo su etiqueta de origen. Estos fondos terminan destinados a sufragar el alumbrado público, reparaciones de infraestructuras o festejos patronales, sin que exista la obligación legal de reinvertirlos en el monte.
Por su parte, el 15% restante, denominado Fondo de Mejoras, queda retenido por norma en cuentas custodiadas por las consejerías de Medio Ambiente. La tramitación burocrática exigida para aprobar los pliegos de condiciones y liberar este dinero paraliza las obras de desbroce durante años. Como consecuencia, las sumas acumuladas permanecen inmovilizadas mientras la masa forestal continúa acumulando biomasa combustible.
La dispersión de competencias agrava la inacción sobre el terreno. Las juntas vecinales y los ayuntamientos carecen de medios presupuestarios para afrontar la limpieza de miles de hectáreas y sostienen que la prevención de incendios corresponde a las brigadas autonómicas. A su vez, la administración autonómica limita sus actuaciones a los planes comarcales y recuerda que el mantenimiento de la faja perimetral de protección en el entorno de las viviendas es una obligación municipal.
El incumplimiento de la normativa sobre franjas de seguridad no conlleva sanciones efectivas. Las administraciones autonómicas evitan abrir expedientes sancionadores o aplicar ejecuciones subsidiarias a los municipios de menor población por falta de personal inspector. La ausencia de controles periódicos y la falta de rendición de cuentas sobre los beneficios forestales mantienen el riesgo de incendio en las comarcas rurales.
