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La Junta de Castilla y León ha solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la aprobación urgente de los repartos económicos pendientes y la transferencia de las partidas previstas en los Presupuestos Generales del Estado. La reclamación abarca los fondos correspondientes a las anualidades de 2025 y 2026, solicitándose además la concreción de un calendario formal para hacer efectivas las entregas dinerarias.
El Ejecutivo autonómico argumenta que el retraso en las aportaciones estatales obliga a la Administración regional a asumir íntegramente con recursos propios el pago de las indemnizaciones por los ataques de lobo a la ganadería extensiva. Durante todo el ejercicio de 2025, la Junta tuvo que hacer frente al desembolso de estas cuantías ante la falta de asignación por parte del Gobierno central, pese a haber remitido las justificaciones de gasto requeridas en marzo de 2026.
La exigencia se suma a los antecedentes de demora registrados en las partidas de 2023 y 2024. Ya en noviembre de 2025, doce comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas remitieron un escrito conjunto para solicitar la convocatoria urgente de una Conferencia Sectorial con el fin de abordar la financiación de los daños causados por la fauna silvestre y la implantación de medidas preventivas en las explotaciones.
El Gobierno regional señala que el desajuste en las transferencias compromete la capacidad presupuestaria autonómica para atender los costes derivados de la presencia de la especie en el medio rural. La falta de aportación estatal contraviene los mecanismos de compensación fijados para amortiguar el impacto económico sobre el sector ganadero en la Comunidad.
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