Nos enfrentamos a la actual sequía con aguas subterráneas en peor estado que en otras ocasiones

La falta de agua y cómo gestionar la escasez de este bien esencial para la vida está en el debate público. Desalación o trasvase por barco son algunas de las soluciones planteadas actualmente. Hablamos con Regina Lafuente Fernández, especialista en investigación social sobre problemas ambientales.

Desde 2004, Lafuente trabaja en el Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA-CSIC) donde estudia la percepción social de temas como la sequía y su gestión a través de políticas públicas. Además, forma parte del Observatorio Ciudadano de la Sequía.

¿Por qué es importante tener en cuenta el componente social que tiene la sequía en un país como el nuestro?

En las próximas décadas en las regiones del sur mediterráneo asistiremos a un aumento de la frecuencia e intensidad de las sequías cuyos impactos serán más graves en aquellos sistemas más vulnerables. Si las demandas de agua continúan excediendo los recursos existentes, en las sucesivas sequías aumentará la conflictividad socio-territorial por los recursos hídricos que ya venimos observando en los últimos meses: protestas de agricultores, pozos ilegales o zonas con restricciones en los abastecimientos. Es en el plano social donde deben hacerse los mayores esfuerzos para prevenir estas situaciones. Hay que identificar las causas por las que un riesgo recurrente y propio de nuestro clima, como son las sequías, provoca daños no previstos y por qué estamos fallando en la adaptación a este riesgo.

Este fenómeno no solo ocurre en España, es global, como corroboran estudios publicados estas semanas, también sobre las aguas subterráneas. ¿Estamos preparados en nuestro país?

Ya estamos en esa situación, de hecho, el problema de sequía que padecemos actualmente no viene sino a agravar una situación estructural. La escasez está relacionada con el desequilibrio entre el agua disponible y la demanda que existe para satisfacer los distintos usos. En el caso de los acuíferos, el ritmo de extracción en ciertas demarcaciones es superior al de su recarga natural, y coincide además con lugares que presentan niveles más críticos en sus embalses. Es decir, son territorios en los que existe una gran demanda de recursos hídricos a la que se está dando respuesta con las aguas de los embalses y las subterráneas.

Nos enfrentamos a la actual sequía con las aguas subterráneas en peor estado que en ocasiones anteriores, y el problema es grave porque estas aguas deberían ser reservas estratégicas para paliarlas. Sobre el papel, hemos desarrollado herramientas para gestionar las sequías de forma preventiva y anticipada, pero en la práctica estos planes no están dando resultados y seguimos gestionando de forma improvisada en situaciones de emergencia.

 
Seguimos gestionando de forma improvisada en situaciones de emergencia

 
 
Es coautora de la encuesta ciudadana de agua y sequía. ¿A qué es más reacia la gente para evitar los efectos de las sequías en España?

A reducir el consumo de agua, ya sea limitando las dotaciones a la agricultura o reduciendo la superficie de regadío. La encuesta se realizó en noviembre de 2023 y aunque desde entonces la situación ha empeorado, 6 de cada 10 personas encuestadas afirmaban que en España no había agua suficiente, pero solo 2 de cada 10 era partidaria de reducir el consumo.  

Una respuesta un poco contradictoria, ¿no?

En los resultados encontramos las claves para entender estas resistencias a reducir el consumo de agua y a pedir ese esfuerzo al sector agrario. Primero, porque los ciudadanos asocian más la falta de agua con la sequía meteorológica (41 %) que con la escasez provocada por un aumento de la demanda hídrica (16 %) o la combinación de ambos fenómenos en el territorio (32 %).  Si el problema para los ciudadanos radica en la falta de lluvia, es lógico que la solución apuntada sea buscar nuevas fuentes de la mano de la tecnología: desalación o aguas regeneradas.

 
6 de cada 10 personas encuestadas afirmaban que en España no había agua suficiente, pero solo 2 de cada 10 era partidaria de reducir el consumo 
 
 
¿No tenemos interiorizado que es también por el uso que hacemos del agua?

Si el problema se entendiese por parte de la ciudadanía como un exceso de demanda hídrica, estoy segura de que habría más apoyo social a reducir el agua que consumimos. Pero, además, solo un 30 % señala al sector agrario como el principal consumidor de agua y solo un 8 % sitúa correctamente su consumo entorno al 80 % del agua disponible. También se entiende así que mayoritariamente rechacen la reducción de las dotaciones de riego o las limitaciones a la extensión de las hectáreas dedicadas al regadío como medidas que podrían adaptar al sector a futuras sequías.

Sin embargo, cuando se les pregunta a qué sector se debe priorizar el agua, la mayoría apunta a la agricultura, por delante del turismo, el medioambiente o la producción energética ¿Es consecuente?

La agricultura es un sector estratégico en la planificación hidrológica y también en la adaptación a la crisis climática porque va a sufrir más sus impactos que otros sectores. Sin embargo, en esa adaptación a los efectos del calentamiento global no basta con hacer más eficientes los sistemas de regadío si no se consigue reducir el consumo. Más de la mitad de las personas encuestadas considera que la superficie dedicada al regadío ha disminuido durante la última década y, por el contrario, la extensión de las hectáreas de cultivos intensivos es la causa principal del estrés hídrico que padece el territorio. Reducir el consumo de agua es una asignatura pendiente de la agricultura intensiva.

 
Reducir el consumo de agua es una asignatura pendiente de la agricultura intensiva

  
 
¿Es consciente la gente encuestada de que la escasez se relaciona con el cambio climático?

Hacer conscientes a los ciudadanos que el tipo de productos que consumimos tienen una huella hídrica que quizás no nos podamos permitir en España, supondría centrar el debate público en otras claves más allá de si los embalses están más o menos llenos.

Forma parte del Observatorio Ciudadano de la Sequía (OCS). ¿Qué datos sobre la escasez hídrica se recogen?

El OCS es un proyecto de ciencia ciudadana financiado por la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología (FECYT) en las convocatorias de 2019 y 2021 que actualmente continúa actualizando y elaborando información sobre la situación de los recursos hídricos en España. Los datos sobre clima, usos del agua, estados de las masas de agua, etc. son recabados principalmente de los planes hidrológicos de las distintas demarcaciones y también de otras administraciones públicas. Muchos de estos datos están incluidos en documentos técnicos muy extensos y poco accesible al púbico no experto. Desde el OCS se homogeniza esta información en formatos y repositorios accesibles para la ciudadanía. 

¿De qué forma colaboran los ciudadanos con el OCS?

La información que la ciudadanía vuelca en el OCS, sobre cómo percibe los efectos del cambio climático o cuánto confía en las instituciones, nos permite profundizar en el grado de vulnerabilidad social al riesgo de sequía. La vulnerabilidad se define, según la propuesta del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), en función de la exposición, sensibilidad y capacidad de adaptación. De estos tres componentes, el reto científico en el que la ciencia ciudadana puede realizar grandes aportaciones es precisamente en la capacidad de adaptación. 

 
El reto científico en el que la ciencia ciudadana puede realizar grandes aportaciones es precisamente en la capacidad de adaptación

  
 
La normativa europea obliga a las administraciones a fomentar la participación pública en la gestión del agua. ¿Qué implicaciones tiene este hecho?

La Directiva Marco de Agua (DMA, o WDF 2000/60/CE) y su posterior trasposición a la legislación española en 2003 marca como objetivo alcanzar un buen estado ecológico de las masas de agua. Esta normativa obliga a compatibilizar los usos del agua con los objetivos ambientales y cambia la visión tradicional de las políticas de agua, que hasta entonces se diseñaban para dar respuesta a las demandas de otros sectores como el agrícola, el turístico o el desarrollo urbanístico. Para cumplir con los objetivos ambientales, en las dos últimas décadas se han realizado, por ejemplo, importantes inversiones en eficiencia de regadíos, y se ha legislado a favor de los caudales ecológicos o depuración de aguas residuales.

¿A qué se refiere con que los ciudadanos pueden participar?

Para evitar situaciones de conflicto por el uso del agua como los comentados anteriormente, la DMA contempla ampliar la participación pública en la elaboración de los planes hidrológicos de cada demarcación, de modo que incluya no solo a los grupos de interés, sino también a los usuarios no productivos del agua, es decir, al público en general. De este modo, se alinea con los principios de la OCDE sobre nuevas formas de gobernanza que persiguen soluciones más justas y equitativas para la sociedad. 

¿Cómo se articula esta participación ciudadana en la toma de decisiones?

Pone a disposición de la ciudadanía más información, los planes hidrológicos cumplen con los periodos de consulta y se organizan procesos de participación en los que se incluyen a los actores clásicos (regantes, hidroeléctricos, usuarios industriales y abastecimientos), y también a representantes de sectores sociales (organizaciones ecologistas, usuarios recreativos, expertos y otras asociaciones ciudadanas). Sin embargo, para las decisiones sobre los temas clave en los planes hidrológicos sigue sin contarse con el público general.

¿Por qué razón?

Hay que corregir la desinformación que hemos detectado en la encuesta sobre los usos del agua, la situación en la que se encuentran los acuíferos, la extensión del regadío o los problemas de escasez de agua más allá de la sequía. Como hemos visto también, este conjunto de opiniones y percepciones forman el contexto en el que los ciudadanos definen sus preferencias sobre planificación hidrológica. 

 
La gestión del agua es un asunto mucho más complejo que cerrar el grifo en casa, debe estar en el debate público 

 
Lidera un estudio reciente sobre la brecha de género y conocimiento político respecto a las preferencias de gestión. ¿Qué diferencias hay entre hombre y mujeres a este respecto?

La mayoría de los trabajos publicados hasta ahora sobre la perspectiva de género en la gobernanza del agua ponen el foco en los países no industrializados y en cómo incorporar a las mujeres a los procesos de toma de decisión como usuarias productivas y no solo como usuarias domésticas. Con nuestro estudio, basado en una encuesta realizada en Andalucía entre 2004 y 2013, comprobamos que muchas de las mujeres andaluzas también siguen pensando en la gestión del agua en clave doméstica, es decir, ponen el foco sobre todo en ahorrar agua en los hogares.

¿Qué refleja esta diferencia de percepción?

En un contexto como el descrito anteriormente, con un grave problema de estrés hídrico, con sequías más severas asociadas al cambio climático y en la que la agricultura consume el 80 % del agua disponible, el ahorro doméstico de agua tiene un impacto mucho menor que la mejora de la eficiencia de los regadíos, que es la postura más apoyada por los hombres. Por tanto, que las mujeres se inclinen más por el ahorro doméstico como medida prioritaria, significa que están más al margen que los hombres de los problemas del agua y de sus soluciones. La gestión del agua es un asunto mucho más complejo que cerrar el grifo en casa. Debe estar en el debate público y necesita de una ciudadanía mejor informada sobre los usos del agua y las posibles soluciones a la situación de escasez para poder participar en ese debate.