El CACYL pide al Gobierno justicia gratuita sin condiciones para los afectados por los incendios

El Consejo de la Abogacía de Castilla y León (CACYL) solicitará al Gobierno que todos los damnificados por los incendios forestales que afectan a varias provincias de la Comunidad tengan acceso a asistencia jurídica gratuita sin necesidad de acreditar insuficiencia de recursos económicos, para aquellos procedimientos que tengan relación directa con la situación. 
Así, la abogacía de la Comunidad ha hecho un llamamiento expreso para que sea el Gobierno de España quien facilite el marco normativo que reconozca este derecho, ya que Castilla y León es una de las comunidades que no tiene transferidas las competencias en materia de Justicia, por lo que depende directamente del Ministerio de Justicia.
“Los afectados por los incendios pueden verse inmersos en asuntos legales como la reclamación por responsabilidad patrimonial de la Administración pública o en procedimientos penales que se sigan contra los autores de los incendios”, explica el presidente del CACYL, Fernando Rodríguez Santocildes, quien añade que “son personas que han sufrido pérdidas patrimoniales importantes y a las que no debería exigirse presentar una documentación oficial que en algunos casos ya ni existe”.
El Consejo de la Abogacía de Castilla y León ha manifestado su “pesar y consternación ante las trágicas consecuencias de los incendios” que han asolado diversas provincias de la Comunidad. La magnitud de los daños ocasionados, con especial incidencia en Zamora, León, Palencia, Ávila y Salamanca, ha supuesto “pérdidas irreparables en la vida de numerosas familias y un grave impacto en la economía de las zonas rurales y del patrimonio natural de estos territorios”.
En este contexto de adversidad, el Consejo ha querido trasladar su “solidaridad plena” con las personas y los territorios afectados, poniendo a su disposición su compromiso institucional para colaborar, dentro de sus competencias, en todo aquello que pueda resultar necesario. “Con particular sentimiento, la Abogacía de Castilla y León expresa su solidaridad y pésame a los familiares y allegados de quienes han perdido la vida en la lucha contra las llamas. Su entrega y sacrificio constituyen un ejemplo de compromiso con toda la sociedad”, afirman desde la institución que agrupa a los nueve colegios de abogacía de la Comunidad.
Coordinación entre administraciones
Con el expreso llamamiento que realizará al Gobierno, el CACYL busca asegurar que, “ante el despojo patrimonial sufrido, la tutela judicial efectiva y la igualdad en el acceso a la justicia queden especialmente garantizadas en un escenario de emergencia y vulnerabilidad como el actual”. La abogacía de Castilla y León, además, apela a su vocación de servicio público para ofrecer su “plena disposición institucional y profesional para colaborar en cuantas iniciativas sean necesarias a fin de mitigar los efectos de esta tragedia y contribuir a la defensa de los derechos de las personas afectadas”.
En este sentido, el CACYL advierte de que “ante la magnitud de la tragedia, es imprescindible reforzar la coordinación y el entendimiento leal entre todas las administraciones y organismos competentes” en las tareas de extinción, así como en las actuaciones de recuperación y reconstrucción de los territorios afectados. “La cooperación institucional resulta esencial para restituir, en la medida de lo posible, el patrimonio natural dañado y para garantizar la atención y el acompañamiento a las familias que han visto arrasadas sus viviendas y su forma de vida”, recalca la institución.
Refuerzo de las fiscalías de Medio Ambiente
En el marco de la crisis por los incendios, el CACYL promovió este jueves una reunión de su Grupo de Trabajo de Abogacía Rural, presidido por la decana del Colegio de la Abogacía de Burgos, Mónica Pérez Villegas, para analizar la situación actual. Los letrados destacan la necesidad de establecer un plan de actuación en los distintos territorios de la comunidad, que buscaría coordinarse con los colegios profesionales afectados con el fin de ofrecer apoyo y, en su caso, asesoramiento a las personas damnificadas por los incendios.
Desde el grupo de trabajo observan con preocupación cómo la despoblación puede ser un factor que agrave catástrofes como la vivida recientemente en Castilla y León. En este sentido, han subrayado la importancia de reforzar las fiscalías de Medio Ambiente en cada provincia, una propuesta que el CACYL trasladará al Fiscal Superior de la Comunidad.
En la reunión, además, han querido poner en valor “el profundo sentimiento de arraigo de la población rural y su firme compromiso con la defensa y preservación de sus territorios que se ha demostrado sobradamente durante estas semanas”.