El exdirector del EREN asegura que Delgado ordenó planificar parques que “no tenían ningún sentido”

El exdirector general del Ente Regional de la Energía de Castilla y León (EREN) entre 2005 y 2007, y posterior director general de Energía y Minas de la Junta hasta 2019, Ricardo González Mantero, aseguró hoy en el juicio que se viene celebrando en la Audiencia Provincia de Valladolid por la denominada ‘trama eólica’, que la orden del entonces viceconsejero de Economía, Rafael Delgado, de introducir una serie de parque en la planificación “no tenía ningún sentido” y que esta opinión también era compartida por el entonces jefe de Eólicas en el EREN, Tomás Ciria, “ya que no cabían en los nudos de transporte”.

Además, González Mantero, que hoy declaró por segundo día consecutivo, también reconoció que a principios del año 2005 Rafael Delgado le hizo entrega de un papel manuscrito en el que figuraba una serie de empresas que debería convertirse en socios locales entre las que figuraban algunas empresas para él desconocidas como Hoteles Conde Rodrigo y otras como Helios o Indal. Además, puntualizó que tuvo que copiar este manuscrito y reconoció que “con el tiempo de das cuentas de que había algo más”.

El exdirector del EREN también hizo referencia a la orden de 2004 por la que se dejaba en manos del viceconsejero el poder de autorizar los parques eólicos, algo que hasta ahora estaban en manos de los servicios territoriales, y a la opinión contraria a esta avocación manifestada en su día por el jefe del servicio terrotorial de Burgos, Mariano Muñoz.

A preguntas de la abogada del Estado, González Mantero volvió a recordar la entrevista mantenida con responsables de Iberdrola Renovables, a la que asistió él y en la que Delgado les anunció la necesidad de contar con  socios locales, y como en unos minutos los responsables de la empresa energética pasaron de estar muy enfadados a aceptar la propuesta. “Luego, con el paso del tiempo, te das cuenta que todo ya estaba decidido”, afirmó, al tiempo que reconoció que todo fue un “paripé”.

Al mismo tiempo, a preguntas de los abogados de las acusaciones particulares, también reconoció que el propio Delgado paralizaba las avocaciones como forma de presión para la entrada de socios locales, a la vez que reconoció que IDER se vio obligada a vender un parque por unos 10.000 euros por megavatio de potencia, cuando el precio del mercado rondaba los 150.000 euros. “Desde un punto de vista administrativo no se se podía obligar a nadie a tener un socio local, pero la realidad es que si no se llegaba a un acuerdo, los proyectos quedaban paralizados”, afirmó.

Además, a preguntas del presidente del tribunal, reconoció que César Hernández Chico, que se presentó como director técnico de Preneal, presionó mucho al EREN para pedir la entrada de esta empresa en algún parque eólico, y aunque sus propuestas fueron rechazadas, siempre se despedía con un “ya os llamarán”. “Su comportamiento nos hizo sospechar, ya que vimos que los intereses de Hernández Chico coincidían con las órdenes de Rafael Delgado”, apuntó.

También a preguntas del presidente, explicó que la competencia por evacuación fue una excusa ideada por Delgado para poder paralizar la tramitación de los parques que no admitían socios locales.

Begoña Hernández

Por su parte, a preguntas del abogado del viceconsejero de Economía, que aseguró que todas las instrucciones partían de Tomás Villanueva, González Mantero remarcó que aunque la avocación administrativa, proceso por el que era el viceconsejero de Economía el encargado de autorizar los parque se mantuvo durante muchos años, desde que en 2009 la viceconsejera de Begoña Hernández se hizo cargo de la gestión de los parques eólicos, el interés por los socios locales “desapareció”.

En este sentido, también reconoció que la propia Begoña Hernández ordenó la paralización de un parque en Paredes de Nava (Palencia) al aparecer de forma “inexplicable” en el accionariado del promotor socios que estaban relacionados con la ‘Perla Negra’ y la compra de terrenos en el malogrado polígono industrial de Portillo.

En su declaración, a preguntas de los abogados de las defensas, González Mantero, confirmó que el sistema de socios locales no fue recurrido por ninguna empresa afectada, y que el único recurso fue presentado por Ibervento por inacción de la administración. Además, también reconoció que muchos de los socios locales que entraban en el accionariado de los promotores lo hacían con un pequeño capital, “aunque luego salieron con mucho dinero”.

El juicio continuará mañana, a partir de las 10 horas, con la declaración de nuevos testigos.