Una reciente investigación del Tribunal de Cuentas sobre supuestas irregularidades contables en una pedanía leonesa reabre una cuestión más profunda: el modo en que parte del poder local en la provincia ejerce su gestión con una impunidad que roza la arbitrariedad.
Un total de 20 ayuntamientos de Castilla y León no respondieron a ninguna de las recomendaciones emitidas por el Consejo de Cuentas en 2023, según denunció su presidente, Mario Amilivia, durante su comparecencia ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes autonómicas. Esta falta de colaboración “distorsiona” los resultados del informe de seguimiento, que analiza el grado de cumplimiento de las 306 recomendaciones emitidas a lo largo del pasado ejercicio.
Amilivia subraya la alta colaboración mostrada por las instituciones.
El 88,4 de los ayuntamientos de Castilla y León cumplió con la obligación legal de rendir las cuentas generales del último ejercicio, el del año 2022, aunque el 22 restante lo ha hecho fuera del plazo legalmente establecido en la Comunidad, el 31 de octubre del ejercicio siguiente.
El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha inaugurado el coloquio organizado por el Grupo Tribuna sobre transparencia y canales de denuncia en las entidades locales, al que han asistido casi un centenar de personas, entre alcaldes, concejales, técnicos municipales y representantes de organizaciones empresariales y sindicales.
Este viernes se publicarán en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) las Normas Urbanísticas Territoriales (NUT) de León de las que se beneficiarán el 40 por ciento de los municipios de la provincia.
Las acciones formativas, que se desarrollarán tanto en modalidad presencial como online, irán encaminadas a dotar a estos empleados públicos de las herramientas necesarias para que puedan seguir desarrollando su trabajo del día a día con eficacia, siempre pensando en el ciudadano como el principal beneficiado de la formación de estos empleados.
El pleno extraordinario urgente del 9 de diciembre recoge que el Ayuntamiento de Boñar aprobó con votos del PSOE, PP e IU un suplemento de crédito y el levantamiento de reparos para proceder a pagos pendientes. En el mismo expediente, la secretaria-interventora interina deja por escrito un punto “grave”: una partida presupuestaria con -33.805,28 euros en negativo sin explicación documental localizada.
El Procurador del Común ha comunicado la inclusión del Ayuntamiento de Boñar en el Registro de Administraciones y Entidades no colaboradoras tras reiterar la petición de información y constatar falta de respuesta. En paralelo, el pleno extraordinario urgente del 9 de diciembre (celebrado al amanecer y sin la publicidad que exige el procedimiento administrativo) aprobó por unanimidad de los asistentes suprimir de futuras actas las intervenciones del público “ajenas al contenido estrictamente plenario”, una decisión que reduce la huella escrita de la crítica vecinal.