CIPRI PERNAS
El valor de aquel acto no estuvo únicamente en la duración. Estuvo en el principio que lo sostenía: explicar, responder y asumir preguntas y repreguntas en un espacio público. Ese principio se diluye a medida que se desciende por la escala administrativa hasta llegar a numerosos municipios, como no también de la Montaña Oriental y Central de León, donde la rueda de prensa no existe y el acceso a la información se reduce a mensajes unidireccionales solo para la conveniencia del alcalde de turno.
En esos entornos, el silencio no se limita a los medios. Se extiende al vecino. Los plenos se vacían de contenido explicativo, las preguntas del público se restringen, se posponen o directamente se cancelan, y la participación ciudadana queda reducida a un trámite formal sin efecto real. La gestión se comunica solo cuando conviene y solo en el formato que evita el intercambio.
La cuestión ya no es por qué no se convoca a la prensa, sino por qué tampoco se habilitan espacios donde el pueblo pueda preguntar. ¿Qué se teme cuando la pregunta no viene de un periodista, sino de un vecino? ¿Qué incomoda más: la repregunta técnica o la duda cotidiana de quien convive con las decisiones municipales? ¿Se asume que el silencio protege mejor que la explicación? Detrás de esas acciones, ¿Qué tipo de personas hay?
Este modelo se reproduce con notable uniformidad territorial. De este a oeste y de norte a sur, la comunicación institucional adopta una forma cerrada, selectiva y previsible. Se habla cuando se inaugura, cuando se celebra o cuando se anuncia. No se habla cuando se ejecuta, cuando se contrata o cuando se decide. El resultado es una ciudadanía informada de actos, pero no de procesos.
A esa dinámica se suma la existencia de medios locales que funcionan como soporte estable del mensaje oficial. Perciben cuotas económicas regulares y, a cambio, convierten sus páginas en reflejo de una gestión siempre positiva. Publican anuncios con apariencia informativa y omiten aquello que genera preguntas. La consecuencia es un ecosistema donde la crítica desaparece y el contraste se considera una amenaza. No son periódicos, son panfletos al servicio del postor.
Cuando ese entramado se consolida, la pregunta deja de circular. El vecino aprende que preguntar no sirve. El medio aprende que insistir tiene coste. Y la institución aprende que el silencio es eficaz. ¿Es esta una forma de gobernar o una forma de evitar ser gobernado por la rendición de cuentas? ¿Qué decisiones necesitan tanta protección? ¿Qué gestión no soporta ser explicada en voz alta?
La normativa de transparencia reconoce el derecho de acceso a la información pública, pero no garantiza por sí sola la existencia de una cultura de explicación. Esa cultura se demuestra cuando se habla incluso cuando no es cómodo. La comparecencia del 21 de enero en el Ministerio de Transportes de Oscar Puente ha dejado claro que el estándar existe. Desde ese momento, el silencio prolongado, tanto frente a la prensa como frente al pueblo, ya no es una ausencia neutra. Es una elección política con consecuencias democráticas claras. O quizás, no tan democráticas.
Desde ese día, el silencio deja de ser una simple ausencia de palabras. Se convierte en una posición. Callar cuando existen formatos, tiempo y precedentes para explicar no es neutralidad, es decisión. Decisión de no exponerse, de no responder, de no permitir preguntas. Y cuando una institución opta por blindarse frente a la prensa y frente a su propio pueblo, no está protegiendo la gestión: está protegiéndose de ella. La democracia local no se deteriora por exceso de preguntas, sino por la falta sistemática de respuestas. Y ahí, ya no hablamos de comunicación deficiente, sino de una forma concreta de ejercer el poder: sin ruido, sin control y sin testigos.
