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De estas, 144 fueron cumplidas total o parcialmente, lo que supone un 54% de aceptación si se incluye también aquellas en las que los entes fiscalizados manifestaron su conformidad, aunque sin haberlas ejecutado aún. Las recomendaciones aplicadas han supuesto avances en materias clave como la ciberseguridad, la contratación administrativa, la contabilidad y la evaluación de políticas públicas.
Amilivia advirtió que, pese a que muchos ayuntamientos podrían haber aplicado algunas de las medidas propuestas, al no responder oficialmente, el Consejo se ve obligado a contabilizarlas como no cumplidas. “Tenemos que darlas por no corregidas cuando podemos tener la certeza contraria”, lamentó. El informe también detalla que 21 recomendaciones no aplicadas fueron al menos consideradas por las entidades, aunque aún no se han puesto en práctica.
En cuanto al desglose por tipo de administración, el cumplimiento fue del 41% en los municipios (83 de 203 recomendaciones), del 54% en la Junta (14 de 26) y del 61% en las diputaciones (47 de 77).
La falta de respuesta de los 20 ayuntamientos generó un amplio consenso crítico entre los procuradores. José Ramón García (UPL-Soria Ya) achacó el silencio institucional a la posible desinformación o incluso al miedo, mientras que el socialista Eugenio Miguel Hernández propuso revisar el impacto de las recomendaciones a medio plazo para medir su eficacia real. Por su parte, desde Vox, José Antonio Palomo lamentó que más de la mitad de las recomendaciones no se han aplicado y señaló un alto nivel de rechazo entre los municipios.
El popular Emilio José Berzosa subrayó el valor de las auditorías, pero reconoció la dificultad de muchos ayuntamientos para cubrir plazas clave en sus estructuras administrativas, lo que también puede explicar parte de la inacción. Aun así, consideró “inaceptable” que haya consistorios que no respondan, vulnerando el principio básico de colaboración institucional.
