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Boñar suma un nuevo hito, y no precisamente positivo. El Procurador del Común ha advertido por escrito que el Ayuntamiento está incumpliendo su obligación de auxiliar con carácter preferente y urgente a la institución en sus investigaciones, y lo traduce en un hecho verificable: su inclusión en el Registro de Administraciones no colaboradoras. La comunicación añade una consecuencia institucional directa si el silencio persiste: la falta de colaboración podrá constar en el Informe Anual a las Cortes de Castilla y León.
No es un trámite menor. Cuando un ayuntamiento entra en ese registro, queda señalado ante la institución autonómica garante de los derechos de la ciudadanía. No implica automáticamente pérdida de ayudas o subvenciones de la Junta, pero sí coloca a Boñar bajo una sombra de desconfianza institucional que, en la práctica, suele acabar en más requerimientos, más controles y menos margen para la opacidad. Y eso lo paga el pueblo, no solo el despacho de Alcaldía.
Mientras tanto, el propio Ayuntamiento toma decisiones que apuntan en la misma dirección: control del relato, no transparencia. En el pleno extraordinario urgente del 9 de diciembre se acordó suprimir de futuras actas las intervenciones del público o manifestaciones “ajenas al contenido estrictamente plenario”. Dicho en castellano llano: lo que molesta, que no conste. El vecino puede hablar, pero su intervención pierde fuerza si desaparece del documento oficial que luego se consulta y se archiva. La unanimidad de los asistentes en ese punto no es una anécdota. Es una señal política: primero se blindan los modos, después -si queda tiempo- se arregla el fondo.
La responsabilidad aquí no es difusa. Pepe Villa preside, dirige y marca el rumbo. Los concejales votan, sostienen, validan. Y cuando una institución autonómica tiene que reiterar por escrito que Boñar no colabora, el “yo no lo sabía” deja de ser excusa y se convierte en coartada. Si de verdad se quería transparencia, la reacción lógica habría sido la contraria: publicar, responder y documentar. No recortar el rastro ni estirar el silencio.
En este mismo contexto hay otra realidad que casi nunca aparece en los discursos: los proveedores, muchos de ellos pequeños, que esperan a cobrar. A quienes tengan facturas pendientes se les abre una vía clara: reclamar por registro el pago y los intereses de demora, adjuntando factura y justificante de presentación, y exigiendo respuesta por escrito con calendario. No es un favor. Es un derecho.
Guía breve para proveedores con facturas impagadas:
1. Presenta por registro electrónico o personándote en el Ayuntamiento una “reclamación de pago e intereses de demora” (menciona Ley 3/2004).
2. Adjunta factura, justificante de presentación/recepción, pedido o encargo, y conformidad del servicio si existe.
3. Pide también la indemnización mínima por costes de cobro (40 euros) prevista en esa norma.
4. Solicita respuesta por escrito y un calendario de pago. Si no contestan, guarda el silencio como parte del expediente.
En los siguientes episodios, el foco se estrecha: qué reparos se levantan exactamente, qué expedientes quedan señalados por falta de tramitación y qué documentación aportará el Ayuntamiento para explicar, con papeles y fechas, cómo se ha llegado a este punto. Aunque antes de eso, pónganse cómodos porque nos pondremos las gafas de ver para entender de qué manera y cómo funciona esto.
