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En numerosos municipios rurales, el control del gasto público descansa en manos de alcaldes y secretarias que actúan sin apenas contrapesos, amparados en la escasa fiscalización y en un silencio social que convierte la administración local en un terreno casi inviolable.
Durante décadas, el sistema de juntas vecinales y ayuntamientos rurales ha sido un modelo de proximidad y autogestión. Sin embargo, en no pocos casos se ha transformado en un ámbito donde las decisiones sobre el dinero público se toman sin transparencia, sin rendición de cuentas y con una opacidad que recuerda al caciquismo del siglo pasado. Muchos responsables locales manejan presupuestos, adjudicaciones o fondos de inversión sin procesos públicos claros, sin registros accesibles y sin temor a sanciones efectivas.
La situación se agrava en municipios con escasa población y débil control ciudadano. Las actas de plenos apenas se publican, las cuentas se presentan fuera de plazo —cuando se presentan— y la figura de la secretaria-interventora se ha convertido en un intermediario de poder más que en un garante de legalidad que disipa sus responsabilidades (o pretende disiparlas) cogiendo una baja laboral ficticia (que en la empresa privada sería perseguida y desenmascarada a la velocidad del trueno). En ese entorno, la costumbre sustituye al procedimiento, y la palabra del alcalde pesa más que cualquier reglamento utilizando el silencio administrativo de forma irregular producto siempre de la ignorancia.
Este patrón de autoridad, arraigado en buena parte de la España rural, reproduce una estructura donde el cargo público se interpreta como propiedad personal. El acceso discrecional a fondos, los pagos sin justificación o las obras adjudicadas “por confianza” son prácticas asumidas con normalidad hasta que un órgano superior, un vecino insistente o una auditoría excepcional las pone en evidencia.
El problema no radica solo en la posible malversación, sino en la cultura de inmunidad que impregna la gestión pública en ciertos territorios. Alcaldes, secretarias y cargos afines operan con una sensación de intocabilidad, conscientes de que el sistema de control apenas actúa y de que las consecuencias judiciales llegan —si llegan— cuando los hechos ya son irreversibles.
En un momento en que el medio rural busca credibilidad para atraer inversión y población, la transparencia debería ser el primer paso para recuperar la confianza. Pero mientras persista la figura del alcalde que actúa como propietario de lo público, el eco del viejo señorito seguirá resonando en los despachos municipales, mientras distrae a sus vecinos a base de circo y más circo siguiendo con esa tradición romana tan marcada en nuestra genética social.
