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El caso afecta a un municipio de alrededor de 1.000 habitantes donde el premio llegó mediante participaciones gestionadas por la comisión: papeletas de cinco euros, con cuatro euros destinados al juego y uno a un donativo. Ese sistema, habitual en celebraciones locales, permitió repartir el número entre residentes y personas vinculadas al pueblo, pero ha derivado ahora en un problema de control y conciliación de ventas al intentar cuadrar talonarios, listados y justificantes.
El reparto se articuló a partir de la compra de 81 décimos, por valor de 1.620 euros, que se transformaron después en 15 talonarios de papeletas. Con el número premiado, cada participación se calcula en torno a 80.000 euros. La dificultad aparece cuando el recuento de papeletas supera el volumen de décimos que deberían respaldarlas, lo que deja en el aire el cobro de quienes tengan boletos que no puedan vincularse a un décimo real. Todavía no ha trascendido cuántas papeletas están afectadas por el descuadre.
La reunión está planteada como una puesta en común para ordenar el proceso de comprobación y fijar un criterio único. Se ha pedido a los asistentes que acudan con el número de su papeleta para registrar la presencia y facilitar el recuento. En el entorno del pueblo se ha extendido la inquietud por la posibilidad de que exista un lote de participaciones sin correspondencia clara con los décimos jugados, con un impacto económico que se sitúa en torno a cuatro millones de euros pendientes de encaje.
Entre las opciones planteadas figura una reducción del 6% en cada participación para compensar el desfase. Esa medida implicaría una merma aproximada de 5.000 euros por papeleta y se sometería a votación con un sistema de un voto por boleto, de modo que quien tenga más participaciones acumule más votos. El desenlace dependerá del acuerdo que salga de la asamblea y de si se impone una salida pactada o si parte de los afectados decide acudir a la vía judicial.
