El Consejo de Cuentas busca un ‘efecto espejo’ de las mejoras en ciberseguridad tras detectar que un solo municipio auditado rozaba estándares mínimos

El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, destacó hoy la buena disposición detectada en las instituciones tras las fiscalizaciones en materia de ciberseguridad llevadas a cabo por la entidad y remarcó que se busca un ‘efecto espejo’ en el resto, dado que únicamente un municipio de los analizados rozó los estándares mínimos requeridos.
“Algunos estaban realmente mal, no lo hemos hecho público, lo hemos retrasado en el tiempo todo lo que hemos podido, para que se pudiera subsanar y, en todo caso, hemos comprobado un grandísimo grado de colaboración por todos los ayuntamientos” dijo antes del inicio de la jornada celebrada hoy en la capital leonesa para analizar el estado de la ciberseguridad en las entidades locales, en la que se revisaron los casos de León y Palencia. Sobre la primera dijo que se han acometido grandes inversiones en la materia y de la segunda que “es un modelo absoluto de éxito y aceptó todas las recomendaciones”.
Amilivia recordó que las auditorías que se llevarán a cabo en ayuntamientos y diputaciones en aplicación del Plan Anual de Fiscalizaciones se extenderán también a las universidades el próximo año y recordó que también se lleva a cabo esa labor de control en el ámbito de la Junta; en concreto, al organismo pagador de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y a la Gerencia Regional de Servicios Sociales.
Desde 2021 se han acometido 12 fiscalizaciones, están en marcha otras diez y próximamente se aprobarán otras hasta alcanzar la treintena. “Ahora estamos en el seguimiento de las recomendaciones que hicimos a los pequeños ayuntamientos o ayuntamientos intermedios” comentó antes de señalar que “era imperioso fiscalizar la ciberseguridad, porque las medidas que adoptan las administraciones no son proporcionales a los riesgos que sufren y hacía falta un órgano de control externo que, con las garantías de la auditoría pública, pudiera fiscalizar el estado de ciberseguridad de los ayuntamientos”.
“Creo que realmente esta es una de las cosas que sin darnos cuenta garantiza los derechos de los ciudadanos, con la custodia de sus datos, garantiza una buena prestación de los servicios públicos y si no hay seguridad, no hay ni tan siquiera estabilidad institucional” subrayó Amilivia.
Amilivia estuvo acompañado, en una iniciativa promovida por el Consejo de Cuentas y la Universidad, por el vicerrector de Transformación Digital, Ramón Ángel Fernández, y también asistieron el delegado territorial de la Junta, Eduardo Diego, y el presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, quien comentó que la institución está “muy comprometida” con la ciberseguridad y tiene previsto invertir cuatro millones en los distintos programas que atañen a la materia, subvencionados con 1,6 millones con fondos europeos, “para que los alcaldes y alcaldesas no se sientan desamparados ante ciberataques”.
Por su parte, Diego aludió al “acierto” de convocar una jornada como la de hoy, que reunió a 120 personas, para asesorar “a los ayuntamientos y, sobre todo, a los funcionarios que están al frente del trabajo administrativo en los municipios pequeños”.