Los asuntos de violencia de género suben a pesar de que los expedientes de Justicia Gratuita caen un 24% en León

Los asuntos de Justicia Gratuita tramitados por los abogados del turno de oficio en León cayeron un 24,2% en 2022 con un total de 4.131 asuntos atendidos. El número de letrados adscritos al turno de oficio también se ha visto mermado en el último año, con 28 profesionales menos que forman parte de este servicio. Sin embargo, los expedientes de violencia de género aumentan con un total de 468 casos atendidos al año pasado. “La violencia contra la mujer es una lacra que no cesa, desgraciadamente no podemos bajar la guardia como sociedad ni como profesionales que ofrecemos defensa y protección a quienes sufren este tipo de maltrato”, asegura el presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León (CACYL), Julio Sanz Orejudo, que afirma que “lo que sí que estamos consiguiendo es que cada vez más víctimas acudan a la Justicia para denunciar su situación”.

 

Las cifras generales en materia de Justicia Gratuita volvieron así a valores cercanos a los del año del confinamiento después de que en 2021 el volumen de solicitudes se recuperase después del bajón y llegase a superar las 42.000. La caída en el número de abogados adscritos al turno de oficio, que se queda en 1.913 en Castilla y León, es un paso más en una merma que se viene repitiendo desde 2018, aunque en esta ocasión resulta llamativo porque se trata de la primera vez en casi una década en la que la cifra baja de los 2.000 profesionales. 

 

Por provincias, Valladolid fue la que registró una mayor caída en el número de solicitudes de Justicia Gratuita, con un descenso del 25,2%, aunque también fue la provincia en la que más había subido el número de casos en 2021 (un 42%). De cerca le sigue León, con una caída del 24,2% en 2022. Descensos significativos, aunque en menor medida, registran también Palencia (17,5%) y Segovia (12,6%). El número de solicitudes se redujo además en Zamora un 7,1%; en Salamanca un 3,4% y en Soria un 1%. Ávila y Burgos son las únicas dos provincias que tramitaron en 2022 un número de expedientes mayor que el del año anterior, con subidas del 10,5% para Ávila y del 1,1% para Burgos. 

 

Sin embargo, si atendemos a los asuntos de violencia de género, en la que la caída media de la Comunidad fue de un 0,6% __apenas imperceptible__, la estadística provincial muestra un panorama diferente. La provincia con una mayor caída de solicitudes recibidas fue Ávila (un 28,6% menos), precisamente la que más había ampliado en ese mismo año el número de asuntos del turno de oficio. Las cifras también caen un 19,5% en Palencia; un 14,5% en Zamora y un 5% en Burgos. De las cinco provincias en las que el número de asuntos atendidos se incrementó, destaca Salamanca con un alza del 40,8%. En menor medida, también crecieron un 10,4% en Segovia; un 6,1% en León; un 5,9% en Valladolid y un 5,6% en Soria. 

 

La abogacía de la Comunidad celebra hoy, 12 de julio, el Día de la Justicia Gratuita con distintos actos en las distintas provincias de Castilla y León, en un clima de incertidumbre por las sucesivas huelgas en el ámbito jurídico que desde el mes de enero mantienen los juzgados de toda España a medio gas. Con motivo de este día, ha tenido lugar una concentración para la defensa del Turno de Oficio a las 12.30 horas ante la puerta principal de los juzgados de León.

 

Menos abogados de oficio 

En total, Castilla y León contaba al cierre del año pasado con 1.913 abogados adscritos al turno de oficio, lo que supone una caída del 8,2% en comparación con las cifras de 2021. Aunque es una tendencia general que se sucede en todo el país (el número de letrados de oficio se redujo en todas las comunidades salvo en La Rioja) y que la media nacional cae un 2,9%, Castilla y León es la que anotó el descenso más acusado de todos. En la Comunidad, todas las provincias registran bajadas, pero las más fuertes se produjeron en Valladolid, Salamanca y León, los tres colegios más numerosos, lo que ha provocado que el descenso de la región también sea acusado. 

 

Una buena parte de estas bajas las protagonizan los letrados de edad más avanzada que, aunque continúan en el ejercicio de la abogacía, prefieren desvincularse del turno de oficio. “Quienes llevan 15 o 20 años en el turno acumulan un malestar con el Ministerio por las pésimas condiciones materiales y económicas, y la inmensa cantidad de trámites que deben hacer. Es importantísima la labor social que se realiza, que se sobrelleva mejor con la ilusión de la juventud, pero a partir de cierta edad muchos prefieren parar”, explica el presidente de la Comisión del Turno de oficio y Asistencia jurídica gratuita del CACYL, Javier Martín. El problema, incide, es la falta de relevo generacional: “La precarización de la profesión ha hecho que los abogados que terminan la carrera ahora busquen oportunidades para trabajar por cuenta ajena en grandes despachos en lugar de establecer un despacho propio, algo que les resta autonomía a la hora de adscribirse al turno de oficio”. 

 

A pesar de ello, los adscritos al turno de oficio representan el 39% de los 4.868 colegiados ejercientes de Castilla y León, un porcentaje que supera a la media española. En el conjunto del país, apenas el 31% de los abogados presta servicio en este turno. En cuanto a sexos, el 56% de los letrados del turno de oficio de la región son hombres y el 44%, mujeres. 

 

Por provincias, las que presentan una mayor proporción de abogados que forman parte del turno de oficio son Ávila (51,1%), Palencia (44,8%) y Burgos (44%), mientras que Soria es la provincia con la menor proporción de Castilla y León (32,2%), que aun así es más alta que la del conjunto del país. 

 

Casos por jurisdicciones

De las cifras de Castilla y León, que se contabilizan de manera anual a 31 de diciembre, se desprende que, de los asuntos atendidos en el año 2022 por los abogados del turno de oficio en la Comunidad, 20.650 fueron penales, 8.429 civiles, 1.491 contencioso administrativos, 1.785 sociales y 4.331 los que suman los militares, recursos y procedimientos en vía administrativa, entre otros. Los asuntos civiles fueron los que más se redujeron en el último año, con una caída del 21%. Sólo los expedientes de la jurisdicción Social aumentaron con respecto a 2021, un 5%.

 

Datos nacionales

Los 83 colegios de abogados con presencia en toda España atendieron un total de 1.232.393 expedientes del turno de oficio en 2022, un 2,6% más que el año anterior. Una tendencia al alza después de la pandemia que contrasta con la reducción de asuntos en Castilla y León que se produjo en el último año. Además, en el conjunto del país se tramitaron 70.206 solicitudes por violencia de género a lo largo de 2022, una asistencia que siempre es gratuita para las víctimas y que en el último año ha crecido un 8,8% de media en España.

 

Retribución media de los abogados de oficio

En 2022, el Estado invirtió 8,9 millones de euros en la Asistencia Jurídica Gratuita en Castilla y León, un aumento del 16,5 % con respecto a 2021, cuando solamente se recibieron ocho millones de euros debido al parón por la pandemia y el descenso en el número de casos. 

 

Sin embargo, la retribución media que percibieron los profesionales por cada asunto tramitado subió de los 147,87 euros de 2021 a los 148,11 euros de 2022, lo que supone un incremento de 24 céntimos. Esta cantidad incluye la atención 24 horas al día, 365 días al año, y continúa muy por debajo de la que se maneja en los despachos.  

MANIFIESTO EN DEFENSA DE LA JUSTICIA GRATUITA Y EL TURNO DE OFICIO 2023

Paremos el acelerado deterioro de un derecho esencial

1. La irrupción de una pandemia y la crisis posterior como consecuencia de la Guerra de Ucrania han vuelto a poner de relieve la ENORME IMPORTANCIA del trabajo que desarrollan los 42.500 compañeros que ponen nombres y apellidos al derecho a la tutela judicial efectiva a través del sistema Asistencia Jurídica Gratuita y Turno de oficio.
2. El incremento de la demanda y la cronificación de los problemas que acechan a este servicio han puesto la prestación de este derecho esencial en una SITUACIÓN CRÍTICA, cuyo deterioro puede estar muy cerca de alcanzar un punto de no retorno.
3. La actualización de los baremos, siendo necesaria, hace mucho tiempo que dejó de ser suficiente para recuperar las CONDICIONES INDISPENSABLES para que el servicio de Justicia Gratuita ofrezca a sus beneficiarios la igualdad de derechos que la Constitución garantiza y que los poderes públicos deben materializar.
4. La reforma de la Ley de Justicia Gratuita de 1996 ha dejado de ser una necesidad para convertirse en UNA URGENCIA NACIONAL que el Parlamento nacido de la XV legislatura debe abordar sin la más mínima dilación.
5. La reforma de leyes para proteger a los colectivos más vulnerables no puede tener nunca los efectos esperados si quienes deben hacer efectivo estos derechos ante los tribunales tiene que desarrollar su labor en una situación de EXTREMA PRECARIEDAD.
6. La reiteración en la prestación de servicios de Justicia Gratuita que finalmente no son retribuidos a los profesionales que la llevan a cabo está provocando el progresivo abandono de los compañeros y compañeras que la hacen efectiva. La persistencia en el tiempo de servicios cuya retribución queda en un extraño limbo acentúa todavía más el desinterés de las autoridades en dotar a los compañeros de unas CONDICIONES MÍNIMAS INDISPENSABLES.
7. La presencia de los profesionales del Turno no puede ser considerada como un mero requisito procesal. Los letrados de oficio, como defensores de las partes, deben ser reconocidos y tratados como VERDADEROS PROTAGONISTAS DEL PROCESO JUDICIAL.
8. La protección de las víctimas de VIOLENCIA DE GÉNERO y de las personas MIGRANTES no puede limitarse a la retórica política que acompaña los trágicos sucesos que les proporcionan mayor visibilidad en los medios de comunicación. El reconocimiento de sus derechos y UNA DEFENSA REALMENTE EFECTIVA arranca con el mejor asesoramiento legal posible por parte de los profesionales que ejercen la prestación de la Justicia Gratuita.
9. El mandato legal que impone a los Colegios de la Abogacía la designación de un letrado de oficio cuando son requeridos para ello, bien por un demandante bien por orden de un juez, no puede utilizarse por los diferentes gobiernos para DESPRENDERSE DE LA RESPONSABILIDAD que les corresponde, negando a los abogados del Turno los medios materiales imprescindibles para su prestación.
10. Una defensa legal de calidad para los más necesitados es un ELEMENTO CENTRAL EN CUALQUIER SISTEMA DEMOCRÁTICO. Cuidar las condiciones en que se presta y a los profesionales que lo hacen posible es un mandato legal y moral. Propiciar el deterioro de esas condiciones supone UNA DEJACIÓN DE RESPONSABILIDADES QUE LA ABOGACÍA NO PUEDE ACEPTAR NI UN DÍA MÁS.