Castilla y León mantiene los salarios más bajos de España para los profesores universitarios indefinidos sin plaza de funcionario

Castilla y León mantiene los salarios más bajos de toda España para los docentes universitarios con contrato indefinido pero que no cuentan con plaza de funcionario, y que pese a tener “los mismos derechos y obligaciones” que los profesores titulares de universidad, perciben de media un salario un 11,2 por ciento menor.
La situación además, como denuncia la Unión General de Trabajadores (UGT), no es igual para las cuatro universidades públicas de la Comunidad debido a la inexistencia de unas tablas salariales actualizadas en el último convenio colectivo que data de 2006. Desde entonces, se han creado figuras laborales nuevas en la universidad, tanto del personal docente e investigador como del personal de administración y servicios, que provocan las diferencias salariales denunciadas por el sindicato.
En concreto, y con datos ofrecidos por UGT, mientras que los profesores titulares de universidad perciben en Castilla y León una media de 38.546 euros, común al conjunto de las comunidades de España a excepción de Cataluña, Baleares y Canarias (estas dos últimas por el complemento de insularidad), la media salarial del profesorado permanente laboral, la nueva figura que recoge la LOSU para encuadrar a los docentes universitarios que tienen contrato indefinido pero no cuentan con la categoría de funcionario, es de 34.240,66 euros, la más baja del país.
Todo ello porque, como denuncia el responsable de Universidades de UGT en Castilla y León, Gabriel Villarrubia, “la Junta no regula algo tan básico como los salarios de los trabajadores de la universidad”, tanto del personal docente e investigador como de las categorías de administración y servicios.
Por esa razón, el sindicato exige a la Junta que “se siente” en la mesa de negociación del convenio colectivo con universidades y representantes de los trabajadores para “recuperar el diálogo y establecer condiciones justas” para profesorado y personal de administración a través de dos nuevos documentos que deben actualizar, en cada categoría, el firmado en 2006.
Esta petición a la Junta sobre las tablas salariales se extiende al resto de figuras laborales de las universidades públicas, es decir, que no cuentan con la condición de funcionario (únicos salarios que establece el Gobierno), porque la falta actual de un convenio actualizado y de desarrollo autonómico de la LOSU hacen que otras figuras como la del profesor sustituto “precaricen aún más el sistema universitario” con salarios que no pasan de los 1.050 euros mensuales brutos.
A todo ello se une que “en función de la universidad de Castilla y León en la que trabajes, se cobran salarios totalmente dispares, con diferencias de miles de euros anuales”. Una situación “sangrante” también para el personal de administración y servicios, como expone la delegada de UGT en la Usal, Alegría Alonso, y que atribuye a “la inacción” de la Junta que “no afecta solo a las universidades, pero es especialmente grave porque se contrata a profesores permanentes laborales o sustitutos con contratos donde se alude a un convenio colectivo que no recoge la existencia de esas figuras”.
El problema afecta a más de la mitad de los alrededor de 11.000 trabajadores de las universidades públicas de Castilla y León, ya que se calcula que unos 6.000 no tienen la condición de funcionarios, y que además lo hace de forma desigual, ya que ante la falta de tablas salariales comunes, cada universidad establece la remuneración para cada figura laboral de manera independiente.
Desarrollo de la LOSU
Para evitarlo, UGT exige además a la Junta, por medio de su secretario general de Servicios Públicos en Castilla y León, Tomás Pérez Urueña, “un decreto de desarrollo de la LOSU”, la Ley Orgánica del Sistema Universitario, que en cada comunidad debe desarrollar normativamente, a través de un decreto, el Gobierno autonómico.
“Es su competencia”, recordó Pérez Urueña, que acusó a la Junta de “sentarse a mirar al sol y no decir cuáles son sus competencias para culpar al Gobierno central” cuando, en este caso, “el Gobierno ya hizo sus deberes y el desarrollo normativo lo tiene que hacer la Junta”.
Además, desde el sindicato, en una rueda de prensa en la que también participó la secretaria de Educación de UGT en Castilla y León, Beatriz García González, piden al Gobierno autonómico que “diga el dinero que va a poner encima de la mesa” para cubrir “todas las demandas y necesidades” que establezcan los dos nuevos convenios colectivos entre sindicatos y universidades, en cuya negociación pidió UGT a la Junta que participe “ya que tanto se les llena la boca hablando del Diálogo Social”.
“Creamos nuevas titulaciones, abrimos facultades pero la plantilla no crece y sigue con derechos y salarios estancados”, apuntó Alegría Alonso. Algo que Pérez Urueña atribuyó al “trabajo de desprestigio de la universidad pública” que, a su juicio, lleva a cabo la Junta, que “está derribando poco a poco” el sistema universitario público de la Comunidad para favorecer el “florecimiento de cada vez más universidades privadas”.