RML
La consideración legal de la situación biológica del lobo ibérico en España se dirimirá en los tribunales ordinarios. Ecologistas en Acción y el Fondo para la Protección del Lobo Ibérico formalizaron la presentación de un recurso ante la Audiencia Nacional con el objetivo de anular el acuerdo de la Conferencia Sectorial de
Medio Ambiente aprobado el pasado 22 de junio. Dicho pacto administrativo declaró de manera oficial el estado de conservación favorable de este cánido en el marco de las áreas biogeográficas atlántica y mediterránea de la Península.
La resolución recurrida salió adelante a iniciativa directa de los ejecutivos autonómicos de Galicia, Castilla y León, Asturias y Cantabria. La votación sectorial se materializó con la oposición del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, cuya documentación técnica previa advertía precisamente de que los argumentos presentados por este bloque de comunidades autónomas carecían de la justificación científica adecuada para modificar el estatus de protección de la fauna silvestre.
Los colectivos demandantes señalan que el cambio en la calificación de la especie busca amparar jurídicamente la reactivación de las batidas de control poblacional y la caza. En el plano de la gestión regional, Cantabria ejecutó capturas por encima de las cuotas estimadas en su planeamiento técnico entre 2025 y principios de 2026, mientras que Asturias ha tramitado la publicación de un plan de gestión específico mediante decreto para articular estas intervenciones de extracción sobre el terreno de manera permanente.
El censo generalizado de la población del lobo ibérico se sitúa en la actualidad en el entorno de las 333 manadas repartidas por la geografía nacional. Las recomendaciones de los comités de investigación internacionales fijan el umbral mínimo de viabilidad genética a largo plazo en 500 unidades reproductoras activas, una cifra todavía alejada de los registros actuales del hábitat peninsular. La distribución geográfica sigue mostrando una contracción estructural respecto a sus territorios históricos, destacando la desaparición total de los núcleos ubicados en Sierra Morena, constatada por los técnicos hace una década.
La remisión de este balance a los organismos de la Unión Europea en Bruselas condicionaría las restricciones fijadas por la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La normativa comunitaria prohíbe de forma explícita autorizar la caza o la extracción de ejemplares de cualquier fauna silvestre catalogada si los indicadores oficiales reflejan un estado de conservación desfavorable.
