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La campaña de vacunación obligatoria frente a la enfermedad de Newcastle se ampliará a la práctica totalidad de las explotaciones avícolas de producción y reproducción radicadas en Castilla y León. La nueva normativa legal, recogida en el Boletín Oficial de Castilla y León, fija el inicio de la obligatoriedad general para el próximo 1 de septiembre en el conjunto del territorio autonómico. No obstante, el calendario establece una excepción temporal para las provincias de Valladolid y Segovia, demarcaciones donde la medida entrará en vigor de manera anticipada el próximo 1 de agosto. Las únicas instalaciones ganaderas que quedan exentas del cumplimiento de esta directriz sanitaria son aquellas calificadas legalmente como de autoconsumo.
La nueva regulación zootécnica determina la obligatoriedad de administrar, como mínimo, dos dosis de la vacuna correspondiente en todas las granjas que entran dentro del ámbito de aplicación del texto legal. El objetivo principal de esta intervención veterinaria a gran escala busca intensificar los mecanismos de bioseguridad y consolidar el control epidemiológico sobre la cabaña aviar, tras registrarse la aparición de varios focos activos de la enfermedad durante el pasado mes de junio.
Junto a la planificación del calendario vacunal, la resolución administrativa introduce una medida extraordinaria de gestión sanitaria que autoriza el enterramiento in situ de los cadáveres de las aves que mueran dentro de los perímetros considerados como zonas restringidas. La autorización excepcional se extiende del mismo modo al tratamiento directo del estiércol y de cualquier otro tipo de material que sea susceptible de albergar carga contaminante en las granjas afectadas por la cercanía de los brotes detectados.
Esta opción de eliminación de residuos sobre el propio terreno busca minimizar de forma drástica la necesidad de transporte de materiales de riesgo, disminuyendo con ello las posibilidades de una propagación accidental del virus fuera de las áreas confinadas. Para la ejecución de estos enterramientos, la normativa impone el cumplimiento estricto de una serie de condiciones técnicas específicas encaminadas a garantizar la seguridad sanitaria y a asegurar la preservación ambiental del entorno de las explotaciones. El conjunto de estas disposiciones, incluyendo los protocolos de gestión de bajas, ha entrado en vigor con su publicación oficial.
