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La impugnación administrativa cuestiona la ausencia de datos actualizados y estudios específicos sobre dieciocho de las veinticinco especies autorizadas para la actividad cinegética. En la reunión del Consejo de Caza celebrada en julio solo se aportaron análisis sobre siete aves, entre las que figuran la codorniz común, la tórtola europea, la becada, el silbón europeo, la avefría y las agachadizas común y chica. El resto de las especies carece de evaluaciones sobre su estado poblacional o la presión que sufren en el campo.
El recurso señala que la normativa vulnera las exigencias de la Directiva europea 2009/147/CE sobre conservación de aves silvestres. Esta regulación comunitaria exige una protección especial durante periodos sensibles como los meses de agosto y septiembre. La diversidad geográfica de Castilla y León impide aplicar un criterio único sin contar con censos detallados por comarcas y provincias, especialmente cuando se registran declives en la fauna.
El análisis de las capturas de codorniz muestra una media anual de 465.352 ejemplares entre los años 2019 y 2025. Esta cifra rebasa el límite de 400.000 extracciones recomendado por los estudios técnicos de referencia. En el caso de la tórtola europea, tras la moratoria aplicada en 2021, la especie registró una recuperación del 9,6%. Sin embargo, la nueva orden aprueba un incremento de capturas del 13,6%, un porcentaje que supera el ritmo de crecimiento poblacional sin datos sobre la supervivencia de las aves jóvenes.
La reclamación exige además la suspensión de la actividad cinegética en los terrenos afectados por incendios forestales. El recurso sostiene que el aprovechamiento en zonas quemadas requiere demostrar formalmente que la caza y la presencia de cazadores resultan compatibles con la regeneración de los ecosistemas dañados.
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