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El juicio contra el titular de un criadero de perros en Melgar de Fernamental (Burgos) ha quedado visto para sentencia. El acusado afronta cargos por presuntos delitos de maltrato animal y alzamiento de bienes. Durante la vista oral, celebrada en Burgos, se han escuchado los testimonios del procesado, Daniel D.O., y de los peritos veterinarios que asistieron a los animales tras su rescate.
Los hechos se remontan a febrero de 2020, cuando efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil registraron las instalaciones del criadero en el marco de una operación denominada 'Chenilbur'. El acusado abandonó el país días antes del registro, lo que motivó la emisión de una orden internacional de detención por parte del Juzgado de Instrucción número 2 de Burgos para su extradición.
En su declaración ante la jueza, donde únicamente respondió a las preguntas de su letrado, Daniel D.O. justificó su marcha a México y Venezuela alegando una supuesta persecución por parte de los agentes del Seprona durante las actuaciones en sus propiedades[cite: 9]. El procesado defendió su inocencia e indicó que se marchó del país debido a lo que calificó como continuas detenciones y denuncias falsas.
Por el contrario, los veterinarios que atendieron a los perros tras ser rescatados coincidieron en señalar las pésimas condiciones sanitarias y de nutrición en las que se encontraban[cite: 9]. Los facultativos describieron un cuadro compatible con un abandono prolongado, caracterizado por un estado avanzado de desnutrición y deshidratación, delgadez extrema, así como múltiples heridas y traumatismos.
Uno de los especialistas advirtió que la intervención de la Guardia Civil resultó crucial, puesto que de no haberse producido en ese momento, muchos de los animales habrían fallecido. Con respecto a las autopsias realizadas a los ejemplares que murieron, los peritos informaron del hallazgo en sus estómagos de piedras, excrementos e incluso restos de otros cánidos.
La Fiscalía solicita para el acusado una pena de 18 meses de prisión por el delito de maltrato animal[cite: 9]. Adicionalmente, el Ministerio Fiscal pide tres años de cárcel por el presunto delito de alzamiento de bienes. Por su parte, la defensa puso en duda la propiedad de los perros y sostuvo que los hechos imputados no se encuentran tipificados en el Código Penal. El juicio ha quedado a la espera de la sentencia correspondiente tras la sesión celebrada este viernes.
