RML
El borrador del Plan de Sostenibilidad y Desarrollo Institucional presentado por la Universidad de León (ULE) ha recibido la oposición frontal de las secciones de enseñanza del sindicato Comisiones Obreras (CCOO). La hoja de ruta académica, diseñada con un horizonte de ejecución fijado hasta el año 2030, plantea una serie de medidas de contención que conllevan la pérdida de derechos laborales y económicos para la plantilla. La representación de los trabajadores sostiene que las directrices no responden a una estrategia de modernización estructural, sino que configuran un programa de ajustes presupuestarios motivado por la infrafinanciación de la administración autonómica.
La propuesta universitaria contempla una reestructuración de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que reduce los plazos de contratación laboral e introduce la amortización de plazas vacantes dentro del Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS). El documento técnico promueve el establecimiento de categorías profesionales de carácter flexible y polivalente, sujetas a criterios de movilidad interna obligatoria. La planificación de la gerencia llega a catalogar como una carga económica sobrevenida el cumplimiento de las sentencias judiciales firmes en materia de derechos laborales.
En el plano estrictamente docente, las directrices del plan abren la posibilidad de eliminar o fusionar titulaciones de grado oficiales atendiendo en exclusiva a baremos económicos basados en el volumen de matriculación de alumnos. Este escenario normativo facilita la implantación paralela de estudios propios autofinanciados mediante la aportación de capital privado o mediante el establecimiento de tasas de inscripción de un perfil elitista. El sindicato ha confirmado que no respaldará ninguna reordenación que suponga la pérdida de oferta académica pública en el campus leonés.
La crítica sindical apunta de manera directa a la gestión de la rectora de la ULE, Nuria González. Las secciones laborales señalan que la dirección universitaria asume una postura de pasividad ante el gobierno de la Junta de Castilla y León, actuando como un elemento de amortiguación institucional y desviando los problemas de liquidez presupuestaria hacia el colectivo de trabajadores. El plan carece de mecanismos de presión para reclamar los fondos correspondientes por ley y limita su acción a la solicitud de vías ordinarias de diálogo. Ante esta coyuntura, la representación de los trabajadores ha instado a convocar de forma urgente el Consejo de Universidades de Castilla y León para exigir la transferencia del porcentaje fijado del Producto Interior Bruto (PIB) autonómico.
