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La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental ha presentado un estudio elaborado por la Universidad de Valladolid que cifra en 18 céntimos por kilo el coste de producción de la patata con datos de 2025. El incremento de los insumos durante el último año eleva el coste efectivo de la presente campaña hasta los 20 céntimos por kilo. La cifra oficial servirá de base operativa para intensificar las inspecciones y garantizar el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, sancionando las compras a los agricultores por debajo de sus costes de explotación.
Castilla y León afronta la recolección con 16.600 hectáreas cultivadas y una estimación de cosecha cercana a las 800.000 toneladas, cifra que representa aproximadamente la mitad de la producción del país. No obstante, la superficie sembrada ha experimentado un descenso de 3.000 hectáreas respecto al ejercicio anterior. Esta bajada responde a la incertidumbre sobre los precios de venta en origen y a la elevación de costes en partidas de gasto clave como el gasóleo, la electricidad, los fertilizantes, los productos fitosanitarios y la semilla.
Los datos analizados reflejan un coste medio total que oscila entre los 8.000 y los 9.000 euros por hectárea, contemplando variables relativas al arrendamiento de fincas, la amortización de maquinaria y los cánones de agua de riego. La administración autonómica activará a los servicios centrales y territoriales de inspección, en coordinación con la Agencia de Información y Control Alimentarios, para supervisar las operaciones comerciales entre productores e intermediarios.
El mercado nacional consume entre 2,4 y 2,5 millones de toneladas de patata al año. Una tercera parte de ese volumen procede de las explotaciones de Castilla y León, otro tercio se reparte entre las demás comunidades autónomas y el resto se importa de países como Francia. Las organizaciones agrarias exigen que los controles administrativos corrijan la brecha económica entre la liquidación que percibe el cultivador en el campo y el importe final que abona el consumidor en los puntos de venta.
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