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La Junta de Castilla y León ha publicado en el boletín oficial de la Comunidad las bases reguladoras de una nueva línea de subvenciones concebida para costear el importe de la primera matrícula universitaria. La medida entrará en vigor de forma inmediata y comenzará a aplicarse de cara al próximo curso académico 2026-2027. Este programa cubrirá los gastos correspondientes a los servicios académicos del primer año para todos aquellos estudiantes que inicien por primera vez una carrera universitaria en las instituciones de educación superior de carácter público de este territorio autonómico.
La iniciativa se dirige de forma exclusiva a alumnos que se encuentren empadronados en cualquier municipio de Castilla y León con anterioridad a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. El beneficio se aplicará tanto a los estudios oficiales de grado como a las titulaciones de doble grado. Por el contrario, la normativa determina que quedan totalmente excluidas del marco de estas ayudas las enseñanzas de posgrado como másteres y doctorados, así como los títulos propios, los cursos de especialización y los programas de adaptación al grado.
La cuantía máxima de la aportación económica se corresponderá con el importe satisfecho de manera efectiva por el alumno en concepto de tasas académicas de inscripción, dejando fuera los costes o precios complementarios de la matrícula. En los supuestos en los que el beneficiario ya disfrute de algún tipo de bonificación parcial previa o haya optado por cursar los estudios bajo la modalidad de tiempo parcial, la dotación de la subvención se reajustará para cubrir únicamente la cantidad neta que haya sido abonada.
El otorgamiento de estos fondos públicos se tramitará mediante un procedimiento administrativo bajo el régimen de concurrencia competitiva. Los expedientes se baremarán y ordenarán de forma decreciente, tomando como criterio principal la nota de acceso a la universidad de cada aspirante. Para dirimir los posibles casos de empate, el método de selección recurrirá en primera instancia a la nota media obtenida durante la etapa de Bachillerato y, si persistiese la igualdad, la adjudicación de las plazas se resolverá de manera definitiva mediante la realización de un sorteo.
La gestión y tramitación ordinaria de las solicitudes contará con la participación directa de las propias universidades públicas de la Comunidad, que operarán en calidad de entidades colaboradoras del proceso. El desarrollo logístico y los plazos específicos para que los alumnos interesados puedan tramitar la petición se establecerán detalladamente en una convocatoria posterior, la cual fijará además la dotación presupuestaria global asignada a este plan de gratuidad educativa. La administración dispondrá de un plazo de seis meses para resolver el procedimiento una vez cerrado el periodo de entrega de la documentación.
