La oposición tumba el decreto-ley de incendios por trasladar obligaciones a los ayuntamientos

El decreto-ley presentado por el Gobierno autonómico quedó derogado tras la votación celebrada hoy en las Cortes de Castilla y León. PSOE, Vox, UPL-Soria Ya y Grupo Mixto coincidieron en que el texto desplaza a los ayuntamientos tareas para las que, a su juicio, no cuentan con medios técnicos ni financiación suficiente. El consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, defendió el documento como un instrumento necesario para introducir modificaciones en las leyes de montes, patrimonio natural, urbanismo y carreteras con el fin de reforzar el operativo en la próxima campaña de incendios.

Suárez-Quiñones argumentó que la urgencia del decreto radica en que permite fijar un marco legal más eficaz antes del final de la legislatura. Subrayó que el contenido busca mejorar la protección de la población ante incendios cada vez más complejos y recordó que el texto incorpora ajustes técnicos diseñados para agilizar intervenciones y coordinar a las administraciones. El procurador del Partido Popular Alberto Castro respaldó esta visión, calificando la iniciativa de excepcional tras los grandes incendios registrados en el noroeste de la Comunidad durante el verano. Apeló a datos técnicos y reiteró que la mayoría de los fuegos tiene origen intencionado, lo que, dijo, no puede vincularse a la acción legislativa.

La oposición, sin embargo, expresó desacuerdo en bloque. El socialista Pedro González Reglero afirmó que el decreto llega tarde y envuelto en un procedimiento que impide presentar enmiendas. Criticó que no se hayan tenido en cuenta los informes jurídicos internos y acusó a la Junta de emplear este instrumento para aprobar una reforma estructural sin debate previo. Sostuvo que la norma ignora a agricultores, ganaderos, propietarios forestales y ayuntamientos, y que lo planteado genera obligaciones sin dotación económica ni recursos.

Desde el Grupo Mixto, Pedro Pascual señaló la falta de diálogo y la ausencia de consenso. Francisco Igea dirigió su intervención directamente al consejero, cuestionando su continuidad y reclamándole que abandone el cargo. UPL, en la voz de Luis Mariano Santos, lamentó la forma de negociación y defendió que los municipios no pueden asumir nuevas competencias sin apoyo efectivo. Vox, por medio de Ignacio Sicilia, consideró que la Junta no ha logrado respaldo de ningún sector y que el diagnóstico planteado no resolverá los problemas que afronta el dispositivo de incendios.

Los grupos recordaron que el decreto cuenta con la oposición de colectivos vinculados al sector forestal y que los alcaldes expresan preocupación por el incremento de responsabilidades. Ante ello, la Junta sostiene que el marco jurídico planteado pretende coordinar esfuerzos con las diputaciones y reforzar las obligaciones ya previstas en normativa estatal. El debate concluyó con un rechazo unificado de la oposición, que dejó sin efecto el documento impulsado por el Gobierno autonómico.