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Ugal-Upa expuso que los agricultores de León afrontan dificultades continuadas para completar cualquier gestión vinculada al Registro Oficial de Maquinaria Agrícola, un trámite obligatorio cuya gestión corresponde a los servicios administrativos de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Las demoras afectan a inscripciones de nuevos equipos, a la comunicación de bajas y a los cambios de titularidad, procesos que requieren resolución dentro de plazos razonables para no interferir en la operativa cotidiana de las explotaciones.
La organización sostiene que estos retrasos tienen un impacto directo en el funcionamiento del sector agrario, especialmente en periodos de mayor carga de trabajo. La falta de respuesta administrativa bloquea operaciones esenciales, como la puesta en servicio de maquinaria recién adquirida, la actualización documental para inspecciones o la formalización de ventas y sustituciones de equipos utilizados en labores agrícolas.
Ugal-Upa atribuye esta situación a una insuficiente planificación por parte de la administración autonómica y solicita tanto a la Delegación Territorial de León como a la Consejería de Agricultura que adopten medidas para normalizar la gestión. Considera que la prolongación de los tiempos de espera genera un perjuicio innecesario para los profesionales del campo, que dependen de estos trámites para mantener la competitividad y la seguridad jurídica de sus explotaciones.
La organización recuerda que León es una de las provincias con mayor número de explotaciones agrarias activas en la Comunidad y que concentra un volumen muy elevado de tractores, remolques y maquinaria especializada. En este contexto, el correcto funcionamiento del Registro se convierte en un elemento básico para la gestión ordinaria del sector, tanto por la dimensión del parque de maquinaria como por su papel en tareas de laboreo, transporte y apoyo a la producción.
Asimismo, Ugal-Upa insiste en que los agricultores necesitan una atención administrativa proporcionada al peso económico y productivo de la provincia dentro del conjunto autonómico. A su juicio, garantizar un Registro operativo, actualizado y con tiempos de respuesta razonables es un requisito esencial para evitar retrasos acumulados, facilitar la renovación tecnológica y asegurar que las explotaciones puedan adaptarse con rapidez a las exigencias normativas.
La organización mantiene su petición de que la Junta adopte soluciones inmediatas y estables que permitan recuperar la agilidad en las gestiones y evitar que los profesionales continúen afrontando trámites que, en su opinión, se han vuelto excesivamente lentos e injustificados.
